En la sesión ordinaria de esta semana la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley del Presupuesto General de la Provincia Ejercicio 2025, y una nueva prórroga por un año de la Emergencia Económica y Administrativa. La primera de estas iniciativas prevé recursos por 3 billones de pesos.
El proyecto del Presupuesto para la administración económica y financiera de la provincia durante el próximo año fue analizado en la Legislatura la semana pasada, con la presencia de los ministros de Economía y Servicios Públicos y de Infraestructura y Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Roberto Dib Ashur y Sergio Camacho, respectivamente.
El proyecto contempla recursos por 3,18 billones de pesos, de los cuales el 87% se destinará a los sectores de educación (43%), salud (25,7%) y seguridad (18,5%). Además, por sexto año consecutivo se proyecta equilibrio fiscal, sumado a una baja de la deuda internacional de US$ 191 millones de US$ 640 a US$ 449 millones.
Durante las presentaciones, Dib Ashur destacó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de avanzar con un proyecto de Presupuesto, pese a que a nivel nacional la denominada Ley de Leyes no está definida. Aclaró que, para la elaboración, se tomaron parámetros del proyecto nacional que proyecta una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% y un tipo de cambio de poco más de $1200.
Aclaró que se seguirá discutiendo el incentivo docente, el subsidio al transporte y otros recursos que no llegan a la Provincia, y por los que perdió este año $65 mil millones de recaudación federal, más otros $244.800 millones que no ingresaron de consenso fiscal, Ley de Bosques, obras de ENHOSA, obras por el dique El Limón, ATN y transferencias no automáticas, que totalizan $300 mil millones menos que Nación dejó de girar a la provincia.
El ministro agregó que la provincia apostará a la minería, la economía del conocimiento, la agroindustria, el turismo y la energía. Dijo que Salta aporta el 1,7% del PBI con el 3% de la población y el 4% del territorio nacional y planteó la necesidad de mayor federalismo dado que el 22% del territorio produce el 70% del PBI argentino, lo que llevó a que cada 8 pesos de recaudación se distribuyan 6 para la Nación y 2 para las 23 provincias. En esa línea planteó la necesidad de un nuevo esquema de Coparticipación, basado en un criterio objetivo de reparto solidario, que genere un grado equivalente de desarrollo.
Emergencia
La Cámara Baja tratará también el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial para prorrogar desde su vencimiento y por el término de un año, la vigencia de las Leyes Nº 7.125 y 6.583, así como sus respectivas prórrogas.
En la fundamentación que acompaña la remisión del proyecto, argumentan que “El motivo del mismo radica en que, la República Argentina atraviesa sucesivos déficits fiscales por lo que se han fijado importantes medidas y condiciones para la economía del país. La Provincia no fue ajena a estas contingencias, por lo que se considera oportuno prorrogar la norma que decretó la Emergencia Económica y Administrativa, sumada a la Ley N° 7.125 que no es más que una adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 25.344, que establece similares condiciones de emergencia para la Nación. A través de estos plexos normativos se adoptaron medidas de excepción a fin de proteger los intereses que hacen al bien común. En ese orden, es preciso continuar con estas medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos oportunamente trazados, para sostener su normal funcionamiento, por lo que resulta en esta instancia prudente y conveniente prorrogarlas. El Estado debe brindar respuestas celeras y extraordinarias en resguardo del principio de seguridad jurídica. Si bien la Provincia se encuentra en un contexto de equilibrio fiscal, no se puede soslayar la crisis social y económica tanto a nivel nacional como mundial. Amén de ello, se presenta un escenario adverso de emergencia social, sanitaria, económica, administrativa e hídrica. Lo que interpela a intensificar esfuerzos y administrar los recursos con extremados recaudos. En el entendimiento que la reserva de ley en materia financiera, y la división de poderes, tal como lo plasma la Carta Magna de Salta, es que se considera conveniente la presentación del presente proyecto a iniciativa del Poder Ejecutivo, y consideración del Poder Legislativo, respetando de esta manera el mandato constitucional que garantiza el equilibrio, división y control correspondiente”.
