La semana pasada el Gobierno de Salta vetó la ley aprobada por las dos Cámaras Legislativas provinciales que declaraba la expropiación de más de 100 lotes del barrio Ampliación Santa Ana con la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes.

Ante la ausencia del gobernador Gustavo Sáenz, el decreto fue firmado por el vicegobernador Antonio Marocco a cargo del Poder Ejecutivo, quien en diálogo con Punto Uno, se refirió al tema.

El vicegobernador y presidente natural del Senado aseguró que la decisión se tomó tras una evaluación de la situación realizada por distintos organismos del Gobierno. Cabe destacar que el decreto lleva la firma de los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho, y Economía, Roberto Dib Ashur, y registra la participación de Fiscalía de Estado, Dirección General de Inmuebles, Instituto Provincial de la Vivienda y Secretaría Legal y Técnica.

El veto a la ley generó el reclamo de un reducido grupo de vecinos que desde hace años reclaman por su situación habitacional y que siguieron el trámite parlamentario desde las puertas de la Legislatura con una consigna: “Cumplan su promesa”. Por ello, Marocco tildó de demagógica a la actitud de quienes impulsaron la iniciativa. “Entusiasmaron a la gente con cosas que después no se pueden cumplir”, manifestó.

El vicegobernador pidió más seriedad cuando se trata de normas que afectan recursos del Estado y el derecho a la propiedad: “A mí me encantaría expropiar el Hotel Victoria Plaza y traer a todos los chicos de Molinos, Luracatao, Santa Victoria y Rivadavia Banda Sur a que pasen una temporada de invierno, pero no se puede”.

Explicó que los terrenos en discusión pertenecían a la empresa Conciel, luego al Banco del Noroeste y finalmente al Banco Caseros, entidades que sufrieron la quiebra. Fue entonces cuando el Banco Central se hizo de los terrenos y los puso a remate. “¿Cómo fue, a dónde fue, quién fue? Hay fallos judiciales que le dan la titularidad a la persona que reclama por la propiedad de los mismos, no es que ha venido alguien a comprar algo que nadie sabe dónde ni cómo, hay sentencias judiciales. Hay que ser un poco más serios frente a esto”.

En ese sentido, Marocco aclaró que no está de acuerdo con lesionar ningún derecho que pueda tener una familia, pero que el Gobierno hizo una evaluación muy seria y detallada a través de distintos ministerios y resolvió que se hiciera de esta manera porque no hay recursos para financiar la expropiación. Recordó también que el artículo 68 de la Constitución provincial prevé que toda ley que autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento, lo que no sucedió en este proyecto legislativo.

“Primero están la Ley y la Justicia. El propietario explicó al Senado que las familias que tuvieron problemas legales no son todas las que habitan el barrio, sino solo aquellas que no pagaron las cuotas. El Estado no puede hacerse cargo de eso porque no tiene recursos para solucionar el problema”, finalizó.