Por Pablo Borla
Los límites de la libertad es un típico oxímoron, una contradicción manifiesta. La libertad es precisamente lo que no acoge, livianamente, límites. Pero eso nos lleva a una pregunta: ¿Es solo una ilusión, una abstracción del optimismo?, ¿Puede el ser humano, en tanto que mortal y gregario, aspirar legítimamente a ella?, ¿Es un derecho posible?.

La Humanidad lleva siglos reflexionando sobre este tema. En ello, se han distinguido diferentes tipos: moral, jurídica, política, religiosa y de pensamiento, entre otras.

Se ha reflexionado fundamentalmente acerca del contenido íntimo de la libertad y su relación con la posibilidad del ser humano de hacer o abstenerse de hacer. Y todo ello en el marco de las limitaciones propias de la naturaleza, como la mortalidad y la comunidad, que precisa de límites que permitan la adecuada relación de sus integrantes.

La pandemia del COVID-19 nos ha desafiado a confrontar nuevamente la relación entre la libertad y el interés individual con respecto al interés colectivo.

Exhibimos nuestros derechos constitucionales a decidir, a circular, a comerciar, entre otros y muchas veces nos olvidamos de mencionar nuestros deberes.

Es cierto que ante la deficiente autolimitación, suponemos y depositamos en el Estado la tarea de regular de la mejor manera posible los comportamientos de los integrantes de una comunidad.

La pandemia ha estrenado situaciones y de ello se derivan prácticas de tubos de ensayo que sobrepasan el ámbito de la probeta: algunos líderes han determinado limitaciones a la libertad, que derivaron en prácticas que fueron desde el confinamiento hasta la limitación de la circulación o el ejercicio de actividades gregarias.

Recientemente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado una serie de medidas tendientes a incentivar la vacunación de la población, que, como en diferentes países del mundo, tiene un sector reacio a recibirla, en particular por la difusión de teorías de corte conspiracionista.

Anunció la exigencia en lugares con público de un certificado sanitario, en el que conste si un ciudadano ha recibido las dos vacunas o se ha sometido a un test de COVID con resultado negativo en las 48 horas previas. Anteriormente, se solicitaba para ingresos a lugares con más de 1.000 personas. Ahora, es obligatorio exhibirlo para entrar en reuniones con un aforo superior a las 50 personas. Desde el mes próximo, regirá para ingresar a restaurantes, bares y medios de transportes de larga distancia. También, dentro de unos meses los tests PCR dejarán de ser gratuitos.

El Parlamento francés debe aprobar una ley que determine la obligación de vacunarse para todo el personal sanitario y voluntarios en contacto con personas vulnerables, en particular las de ayuda en el domicilio.

En Argentina, algunos medios de comunicación, fácilmente vinculables con intereses de la oposición al gobierno de Alberto Fernández, se han convertido en voceros de indignados paseantes por el extranjero, que han visto limitado su regreso, en aras de evitar la propagación de la peligrosa variante Delta del COVID-19, aunque en esa medida han pagado necesariamente justos por pecadores.

Hoy, vemos que tales limitaciones no estaban tan exageradas, ya que se han visto casos de viajeros que ni se han molestado en respetar un mínimo aislamiento y se detectaron casos de Delta en Capital Federal, Córdoba y Salta.

Los derechos de los individuos tienen que considerar los intereses de toda la comunidad en la que viven. La libertad debe cuidarse, pero al mismo tiempo debemos tener conciencia de que trascurrimos un tiempo excepcional, en el que, si los individuos no tienen la voluntad, la conciencia o la preocupación del impacto de sus actitudes y actividades en sociedad, el Estado deberá limitar su libertad de acción, sin que esto constituya un abuso de autoridad.
De hecho, la existencia de leyes que rigen nuestra vida en común ya implica una limitación fundada en el interés del otro.

Debemos bregar por la vigencia plena de una ética que considere los intereses y necesidades de quienes forman parte de una comunidad y que sostenga leyes en favor de una justicia cuya prioridad sea el cuidado de los más vulnerables y a través de la cual pueda exponer y combatir lo moralmente incorrecto e injusto.