En este país bendito la constante presión entre poderes ha generado innumerables episodios de extrema tensión sobre todo en años electorales. Y este no será la excepción. Por el contrario, lo que se viene será explosivo.

Por Natalia Aguiar

Pero repasemos un poco los hechos. Antes de que asumiera Mauricio Macri la presidencia allá por 2015, la Corte resuelve el 24 de noviembre de ese mismo año, y tras once años de tramitación de la causa, la inconstitucionalidad del reparto de fondos de Coparticipación en las demandas de Córdoba, Santa Fe y San Luis por lo que antes de asumir ya debía a las provincias $93.000 millones de pesos. Lo que significaba un agujero negro a las finanzas de una administración que ni siquiera había dado los primeros pasos.

Más oportuna, imposible. Este, para algunos, fue un favor del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti al kirchnerismo que lo nombró en 2004, porque la causa estuvo frizada durante años y años. Entre una vocalía y la otra de la Corte, se las arreglaban para no emitir resolución o llegar a un acuerdo, y el tiempo pasaba y pasaba, como si los jueces hicieran la plancha.

Ahora ocurre lo mismo, pero al revés. La Corte favoreció a la ciudad de Buenos Aires con los fondos de la Coparticipación pero el Gobierno se resiste a cumplir y avanza contra los miembros de la Corte, en un pedido de juicio político contra todos los integrantes del Máximo tribunal.

¿Qué hizo la Corte que no le gustó al Gobierno? No sólo resolvieron la inconstitucionalidad de los fondos que se reparten a la Ciudad de Buenos Aires, sino que además, establecieron la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura actual.

El 17 de diciembre 2021 por unanimidad la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una ley impulsada por Cristina Kirchner, como senadora nacional, en 2006.

Tras cinco años de tramitación y con la confirmación de un fallo de Cámara, por unanimidad, los ministros de la Corte, resolvieron que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y exhortó al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Por el momento, el Consejo volverá a su vieja composición de 20 miembros (hoy tiene 13), con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como su titular.

¿Cómo fue la maniobra para poder contar con una Magistratura afín? Allá por 2006, a instancias de Cristina Kirchner, por entonces senadora, el Congreso redujo a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con fundamento en que así sería “menos burocrático”. Perdieron representantes los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo). La reforma le dio además al oficialismo de turno poder de veto: ningún juez puede ser removido ni elegido sin el voto de al menos un oficialista.

El viejo Consejo de 20, al que se volverá ahora, estaba formado por cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

Lorenzetti votó, como sus colegas, por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura que estableció una integración de 13 miembros por considerar que quebró “la regla de no predominio” de un estamento sobre los otros. Coincidió también en que “es necesario que el Congreso dicte una nueva ley” y votó por exhortarlo a hacerlo, pero discrepó en cuanto a los pasos a seguir de acá en más, mientras tal ley no exista.

Para Lorenzetti, no es posible volver a poner en vigencia el viejo Consejo de 20 porque la ley que regulaba esa conformación está derogada. Para él resucitar la vieja norma “contradice principios básicos del derecho”.

En su disidencia, Lorenzetti propuso, en cambio, darle al Congreso “un plazo razonable que no puede superar el año” para el dictado de la nueva ley. Después, en el plan Lorenzetti, la Corte quedaría “en condiciones de decidir la manera de implementar la garantía de la independencia del Poder Judicial”. Mientras tanto, el plan de esta disidencia era que se mantuviera la composición vigente hoy, y con la cual él trabajo durante once años como presidente de la Corte.

Más aún, a través de la Acordada 11 en el año 2011, los ministros de la Corte resolvieron la creación de un Comité de Inversiones, el que le quitaba las facultades de administración de los fondos del poder judicial nacional a la Magistratura, y se lo adjudicaba como facultad a la Corte, más precisamente al presidente del Alto tribunal. Esto en una maniobra ilegal e inaudita, contraria a la letra constitucional, ya que el artículo 114 de la Carta Magna dice que la administración de los fondos del poder Judicial estará a cargo del Consejo de la Magistratura, justamente para garantizar transparencia.

Esta estructura jurídica y financiera con apariencia de legalidad, contrariaba la Constitución y además, los ministros por una Acordada, modificaron una ley nacional y desconocieron lo que decía la Constitución. Es decir, aquellos que deben velar por los derechos y garantías constitucionales, los estaban vulnerando a plena luz del día y sin miramientos. Eso sí, con traje y corbata.

En su momento Paula Oliveto Lago, técnica e investigadora de Elisa Carrió lo denunció, al igual que ella, cada vez que puede lo enfrenta, y en esta ocasión lo hizo otra vez. Siempre con sólidos fundamentos. En una entrevista con Joaquín Morales Solá, lo acusó a Lorenzetti de estar organizando "la embestida" contra el Máximo Tribunal, en relación al juicio político impulsado por el Gobierno. Así pues, la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica cuestionó al supremo y dijo que "lo que están queriendo es hacer explotar el Consejo de la Magistratura" y por eso "le pegan a (Horacio) Rosatti". "Cuando Rosatti, Maqueda y Rosenkratz dicen que el Congreso tienen que dictar una ley parecida a la del 96, que salió en el 99, que yo la redacté, y dicen “si usted no dicta en tal fecha, mantiene la vigencia la vieja ley”, en la disidencia, Lorenzetti dice “esto no puede pasar”. “Mentira”, gritó Carrió a los cuatros vientos en diálogo con Joaquín Morales Solá. Para ella, Lorenzetti "se contradice con su acto y con la jurisprudencia". Además, aseguró que el clima de tensión en el cuarto piso de Talcahuano 550 es de tal magnitud que los jueces "ni se hablan".

Para Carrió hay una serie de hechos que a su entender son parte del ataque de Lorenzetti a sus colegas. Al respecto dijo que "ataca a Maqueda por vía de la obra social, a Rosatti por vía de estos mensajes -los presuntos chats entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro con la mano derecha de Rosatti, Silvio Robles-".

Pero carrió no afloja y se refirió al juez “como parte del alzamiento institucional, un juez corrupto y mafioso de la Corte que es Lorenzetti".

El tema es que jueces y funcionarios son cómplices de las internas políticas y supuestas desestabilizaciones institucionales. Esto no debería pasar en un país serio, con seguridad jurídica e instituciones que funcionen al servicio de la gente. Human Right Watch denunció que en Argentina el Gobierno socaba el Estado de Derecho y que los responsables de la corrupción son funcionarios, empresarios y jueces. Por eso, siempre hay que tener un amigo juez y otro abogado.