En total soledad desde hace años, algunas pocas voces han sostenido que la falta de seguridad afecta al desarrollo hacia el futuro de Argentina. Esa responsabilidad es sobre todo del poder judicial y del Ministerio Fiscal.

Por Natalia Aguiar

La Justicia como uno de los tres pilares de la institucionalidad del país debe ser ciega e independiente al momento de impartirse. Lo que no ocurre cuando se trata de personas de poder o vinculadas a los gobiernos de turno.

Respecto del Ministerio Fiscal, organismo independiente que se incorpora en la letra constitucional en 1994, también requiere de valor para garantizar el debido procedimiento a las partes, representar los intereses de los ciudadanos y cuidar la constitucionalidad.

Ambos, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Que se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos.

La falta de tino, el descalabro de algunas de los pilares y piezas que sostienen tanto al poder judicial como al ministerio público, hace que puedan generarse abusos de poder, deslices institucionales que afectan las garantías y derechos de los ciudadanos.

Si las pruebas contra Cristina fueran tales, como lo sostienen jueces y fiscales y como parece ser, sino no se entienden las actitudes de la militancia kirchnerista y hechos que se vivieron en las últimas horas. El que nada esconde, nada teme.
Si Cristina Fernández fuera inocente debería estar tranquila y abocarse a la defensa legal de la circunstancia.

La cuestión es que los deslices políticos y emocionales devienen de todas las partes. No sólo Cristina y la militancia están enardecidas, también lo estuvo el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Con total respeto a su trabajo intelectual y valentía, sobre todo a su valentía, puede que se haya excedido en sus dichos y hasta haya efectuado una puesta en escena de la lectura del alegato que le llevó varios días. Puede que sin querer, haya arengado también a la militancia. Y a eso me refería más arriba cuando expresaba sobre ciertos deslices. Quizás su posición debió ser más técnica y contar a la ciudadanía la línea causal que involucra a Cristina Fernández como supuesta jefa de asociación ilícita en la causa de Vialidda, a su vez vinculada con las de los hoteles Los Sauces y Hotesur, como la causa de los Cuadernos. Todas ellas referenciada a la obra pública que benefició a Lázaro Baéz, presunto testaferro de Néstor Kirchner y la familia presidencial.

La falta de tecnicismos y seriedad en los funcionarios judiciales y de la Procuración General, es decir de los fiscales, puede colaborar a la chatura institucional de la que los argentinos son víctimas de por vida.
Con jueces serios y fiscales del mismo calibre y que los hay, como Carlos Rívolo, Diego Luciani, y tantos otros, los límites al poder existirían, los avances de los poderosos verían un horizonte. Pero son menos ante la captación política. Los jueces, fiscales, funcionarios y magistrados, son víctimas también del clientelismo político con cargos, ascensos, nombramientos y acomodamientos en lo que se conoce como la “familia judicial”. Si jueces y fiscales fueran técnicos y no políticos, el resultado sería otro.

De la Justicia y de la Procuración dependen los años futuros de este bendito país. Claro que la dirigencia política tiene gran responsabilidad, como la empresarial, pero el límite sólo pueden marcarlo los jueces y fiscales. “Corrupción o Justicia”, como dijo Luciani.

En la estructura legal argentina no puede haber manzanas podridas o jueces corruptibles, tampoco fiscales, pero los hay. Y ahí es donde los argentinos pierden.

En el poder Ejecutivo y Legislativo, tampoco debieran haber frutos enviciados o podridos, pero no tienen ellos la responsabilidad de poner un freno a los abusos de poder. Si tienen también la responsabilidad y obligación de ejercer el control de constitucionalidad, es decir que todo lo que se ejecute, no contraríe los paradigmas constitucionales.

La gente esta cansada. La militancia, pagada. El pasado sábado de violencia en los alrededores de la casa de Cristina, es otro capítulo de su plan defensivo. El peronismo preso de una barricada, mientras para otros, desde el alegato del fiscal Luciani se lanzó la campaña electoral 2023. Se habla de un posible indulto a Cristina por parte de Alberto Fernández, cada vez más desdibujado, pero de ser así, Cristina quedaría como culpable. Y eso no es lo que ella quiere.

Además, en la Constitución Argentina, todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Cristina quiere su inocencia. Y es quizás un poco certero lo que dijo Miguel Angel Pichetto, que será difícil demostrar la presunta jefatura de Cristina en la asociación ilícita. Se trata de tipos penales muy difíciles de probar. Por ello, quizás el fiscal Diego Luciani, valiente como ningún otro, haya perdido una posibilidad histórica de explicar las pruebas, una a una, aunque culpan a Cristina de la causa de mayúscula corruptela que tuvo Argentina. Se robaron hospitales, rutas, escuelas, las esperanzas y la fe de los argentinos. Inaceptable. Pero se demanda mayor precisión para que de una vez por todas, prime la seriedad y no la politiquería.

Alberto Fernández se deshace en pleitesías a Ella. El lunes pasado emitió un comunicado en el que cuestiona la “persecución judicial y mediática” contra su vicepresidente. Lo publicó tras el alegato de Luciani, quien pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina por haber conducido una asociación ilícita para apropiarse de fondos multimillonarios del Estado.

Alberto luego llamó a Cristina y se solidarizó ante la desgracia. Pero fiel a su sumisión, luego declaró que “como Nisman, espera que Luciani no se suicide”. Casi como “la cosa nostra” de la mafia italiana. Una advertencia, por no decir amenaza a los magistrados que se atrevan a cuestionar a la líder. Cristina, la dueña del poder, que además cedió la administración del país en Sergio Massa. Alberto no encuentra su lugar mientras los argentinos claman una hoja de ruta que ilumine el futuro. No puede el gobierno evitar cuestionamientos judiciales. Por una Argentina seria para los niños y jóvenes. “Corrupción o Justicia”. Politiquerías o certezas. Clamor de seriedad.