Por Natalia Aguiar
Tantos años de estudio, dedicación y continua formación de alumnos de derecho, juristas, abogados, doctrinarios para que de un plumazo se borre con el codo el Código Penal, la Constitución, las leyes y hasta Tratados Internacionales.

En argentina, hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. A los hechos nos remitimos, o como le contestó el ex juez de la Corte Carlos Fayt a Cristina Kirchner cuando lo acosaban para que dejara su cargo, sin piedad alguna: "Los hechos son sagrados, pero el comentario es libre."

El jueves pasado, Cristina Kirchner logró uno de sus cometidos, doblegar a la justicia y lograr así el sobreseimiento en la causa del Memorandum con Irán. Expediente que no la dejaba dormir en paz. Denuncia que había impulsado el fiscal federal Alberto Nisman, y que luego le costara la vida.

Ahora, años después y con los resultados electorales en contra, pero aún en el poder de mando, Cristina logra que tres jueces federales se aboquen a sus intereses. Así fue que Daniel Obligado, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, adepto a seguir los caprichos kirchneristas, la jueza Gabriela López Iñiguez y José Michilini, hicieron una libre interpretación del Código Penal e incluso se arrogaron facultades legislativas al declarar a Cristina Kirchner inocente sin juicio previo, como se hace con cualquier ciudadano acusado de graves delitos.

Más aún, si realmente no hubiera delito como lo sostuvieron solamente los jueces de la tercera instancia de revisión penal, aunque la señalaron “culpable“ en primera y segunda instancia, por qué se demoró tanto la resolución poniendo en jaque a los familiares de las 85 víctimas del atentado a la mutual judía Amia, a los familiares y amigos del fiscal Nisman, a los argentinos todos y a la misma Cristina? O es una justicia endeble, doblegada o dilatada según conveniencia del poder? El presunto delito de encubrimiento por la suscripción del tratado con Irán lo denunció el fiscal Nisman cinco días antes de su muerte.

Jueces mansos que acusáis

El profesor y juez Daniel Obligado es el magistrado que redujo la pena en diez meses al ex presidente Amado Boudou por el caso Ciccone, por sus méritos académicos en la cárcel, y luego en medio de la pandemia por Covid, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por temor a contagio y tener hijos muy pequeños que lo necesitaban. Por su parte, López Iñiguez destacó entre sus fundamentos políticos, y no técnicos- legales, que los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, se habían reunido con el entonces presidente Mauricio Macri. Es que Borinsky y Hornos estaban entre ceja y ceja de Cristina, ya que fueron los que activaron la causa del supuesto encubrimiento por el tratado con Irán. Cuidado. Quizás en una misma operación macrista, como la que ahora protagonizan los jueces Obligado, López Iñiguez y Michilini para Cristina Fernández. Porque si nos basamos en estudios de casos judiciales relevantes en la política argentina, la justicia deja mucho que desear. Como se dice en la facultad de derecho, hay biblioteca para un lado y para el otro.

Con este funcionamiento de la Justicia federal estaremos en ascuas ya que la sensación es que nunca sabremos la verdad de lo que aconteció en el atentado a la AMIA, ni con la muerte del fiscal Nisman, ni en la firma del Memorándum con Irán. Estos jueces cargarán en sus espaldas haber faltado a su cargo con el honor debido. Han faltado a la Patria, han mostrado su peor faceta, se doblegaron ante el poder de turno.

Entre los objetivos de Cristina, además de ganar y tratar de dar vuelta la elección en Noviembre, es nombrar más jueces “flexibles”, adeptos al kirchnerismo para lograr, una vez más, impunidad total. Y festejar con Kimchi. ¡Viva la pepa!

Delivery de enroques judiciales

Dicen los que saben que los jueces deben ser guardianes de la Constitución, esto desde el fallo Marbury contra Madison de 1803 cuando la Corte estadounidense, fuente de nuestra Carta Magna, determinó dos principios: la Supremacía Constitucional y la obligación de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, cuidar los lineamientos de la Constitución y que nadie vulnere a la Ley Suprema. Luego, en 2011, muchos años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso impulsado por el escritor y poeta Juan Gelman, conocido como “Gelman versus Uruguay”, por la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como de la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García, nuera y nieta respectivamente, determinó que el control de constitucionalidad se extendía no sólo a los jueces, sino a todo funcionarios públicos. Está claro que poquísimos cumplen con esas directrices que a los argentinos, como integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos convoca.

Lo más grave de la cuestión es que los jueces supremos, los jueces de la Corte argentina, dejan mucho que desear. La avidez de poder del ministro Ricardo Lorenzetti, lo supera, lo saca de su eje. Tras denunciar a sus pares por la presunta ilegalidad de haber elegido presidente a Carlos Rosatti, quien se votara a sí mismo, tal cual lo hizo el mismísimo Lorenzetti en otros oportunidades, salió de ronda por los medios amigos a gritar a los cuatro vientos: “en la Corte no hay crisis”. No aclare, que oscurece. Lorenzetti es el fiel ejemplo de un magistrado que vulnera todas las normas, las escribe, las borra, las cambia a su antojo y parecer con apariencia de legalidad. Un talento. Fue elegido por Néstor Kirchner allá por 2004, para renovar la “Corte automática” menemista, pero en el ocaso de Cristina Kirchner en 2015 cuando ganó Mauricio Macri, fue el ideólogo de la doctrina “Irurzun” que permitió encarcelar en cadena a una serie de altos funcionarios kirchneristas. Además de dar rienda suelta a los jueces federales para ir por Ella. Lorenzetti es un corrupto de ley. Y aunque ahora renunciara a su cargo por supuestas razones de salud, la jueza Elena Highton de Nolasco lo secundó como vicepresidenta del cuerpo durante once años, años en que los números de la Corte no cerraban, primó la corruptela, el desvío y falta de fondos, y la vulneración a la Constitución por parte de aquellos que debían cuidarla.

Elena Highton de Nolasco estaba en su cargo de manera ilegal, ya que al haber jurado con la Constitución de 1994, debió jubilarse a los 75 años, pero un supuesto “enroque” con Mauricio Macri, habilitó que en el expediente que se analizaba su continuidad en el cargo, el Ejecutivo no recurriera la sentencia de segunda instancia y eso le permitió continuar como ministra hasta ahora que su salud ya no le permite los juegos y estrategias del poder. Dicen los cortesanos que fue la misma Highton de Nolasco que le jugó en contra a Lorenzetti cuando en Octubre de 2018 fue elegido presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz. Se adelantaron las elecciones, y Lorenzetti fue bautizado con la medicina que solía utilizar para salirse con la suya. La ideóloga habría sido su colega y compañera cortesana, Elena Highton de Nolasco. En todas casas se cuecen habas.

No será la primera vez que haya cuatro jueces de la Corte, por lo que la mayoría en las decisiones se tomará con cuatro de ellos, y llegado el caso de empate se convocará a un conjuez. Lorenzetti salió a decir que la Corte no tiene diálogo con el Gobierno, justamente en una democracia consolidada no debería tenerlo, porque suponemos que los poderes del Estado son independientes. ¿O no?

Los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se mantienen ajenos a las polémicas y juegos mediáticos, porque cumplen con su rol. Los protagonismos excesivos, luces y flashes, son para los actores, actrices, no para los jueces de la Corte que deben resguardar la seguridad jurídica de los argentinos. La gente está cansada de la amoralidad, falta de empatía y sensibilidad, como de la injusticia impartida por los jueces.

Con estos antecedentes políticos y judiciales, a dónde iremos a parar los argentinos?

A por todo

Mientras Cristina acomoda sus fichas en la Justicia, en el gobierno se analiza el escenario de la derrota electoral de Noviembre y ya se habla de “gobernabilidad” después de las elecciones legislativas. El objetivo será secundar a Alberto Fernández porque aún quedarán dos años por delante. La relación entre ellos está corroída por dónde se analice. Cristina está obsesionada con su proyecto de poder político, y una buena elección le resulta indispensable para seguir adelante, no importa el costo, heladeras, licuadoras, planes sociales, viajes de estudiantes gratuitos, lo que sea. Pese a los denodados esfuerzos del “Vale todo”, no avizoran el triunfo, pero pelearán a capa y espada para revertir los resultados.

Cristina y Alberto, más separados que nunca, pero unidos para intentar mantener al peronismo de pie. Quizás también, pensar en una posibilidad para 2023. No bajan los brazos.