Por Franco David Hessling

El paro se hizo sentir porque muchas centrales sindicales se plegaron y suspendieron prestaciones básicas, como el transporte, la distribución y los vuelos. Ni por la CGT y la burocracia, ni por la casta peronista, la medida fue legítima porque los bolsillos están incontrastablemente más crujientes.

Omitamos la discusión sobre si el paro del 9 de mayo convocado por la CGT fue o no un hecho político de relevancia, evitemos escudriñar si se sintió efectivamente en las calles, los lugares de trabajo y la vida cotidiana de las mayorías, dejemos de lado la observación sobre los intereses facciosos, pero reales, de las cúpulas sindicales, la mayoría de las cuales están pertrechados en sus sitios de influencia dentro de cada sindicato.

Pensemos, primero que nada, en la legitimidad que tenía la medida. Lo pensemos en clave de interrogación: ¿era legítimo un segundo paro general de la CGT en cinco meses de gobierno libertario? Recordemos la remanida hipótesis del propio candidato peronista que perdió con Javier Gerardo Milei, el tigrense Sergio Tomás Massa, quien ante el primer paro opinaba que era muy pronto para andarse con medidas tan duras. La jefa progre -CFK-, no el jefe libertario -Karina Milei-, opinaba, por entonces, muy parecido a Massa.

La casta peronista, como se observa, aprendió en los últimos tiempos a jugar de oposición. Lo hace apelando a “dejar gobernar” bajo la creencia en el viejo adagio de que sus contrincantes de turno son tan errantes que la van a chocar solos. No harán falta zancadillas. Se van a caer por su propio peso, igual que el patriarcado según ciertos feminismos. De acuerdo con esa dirigencia peronista, sin responsabilidades de gobierno en la actual gestión, estos paros generales son precipitados y alimentan el relato oficialista de polarización radical. Algo de razón hay en este último argumento.

Sin embargo, mucha de la dirigencia peronista que sí está en el gobierno -tan variopintos como Axel Kicillof o Raúl Jalil-, ven en estas medidas un eventual alivio a la avanzada implacable del programa motosierra, como lo denominó el propio presidente Milei. Jalil, para ser honestos, se unió rápido al bando de Jaldo, su par tucumano, en férreo apoyo al proyecto de Ley Bases del oficialismo libertario. ¿Es legítimo para la población común? ¿Para el ciudadano de a pie? ¿Para el responsable inscripto? ¿Para el contribuyente?

La respuesta es intuitiva, no exacta ni medida. En principio, podríamos decir que la legitimidad de la huelga fue todavía mayor que la del primer paro que se hizo hace dos meses. Aunque el gobierno pretende comunicar como logro económico el superávit fiscal en una planilla y la deflación por enfriamiento de la economía interna, los crujientes bolsillos son una verdad incontrastable. Los propios votantes libertarios, el núcleo duro del 30%, ya no niega que el bolsillo está golpeado, pero insiste con culpar a la historia argentina por la política de precios que se establece día a día o en apoyarse en el argumento de que hay que estar mal para estar bien. La hipótesis que la derecha argentina ya ofertó antes como “luz al final del túnel” o “segundo semestre”.

Entonces, el paro de muchas centrales gremiales, prácticamente una huelga general, no se figuró como un capricho faccioso de la burocracia sindical. De hecho, para ser honestos, esa burocracia hizo grandes esfuerzos para quedar bien con dios y con el diablo. Sostuvo el paro, pero lo hizo mucho después del acto del día del trabajador o del tratamiento en diputados de la Ley Bases, y usó el argumento de que para que la UTA pudiese plegarse con contundencia había que suspender las movilizaciones. Sólo hubo actos. Golpeo, pero no tan fuerte, y negocio, pero no tan exigente. La burocracia cada vez es más explícita: dejó de batallar contra le Ley Bases cuando el gobierno sacó de la reforma laboral los únicos dos artículos que afectaban las cajas de los sindicados y obras sociales.

El paro, entonces, fue menos un “berrinche” de la casta sindical ni de la casta opositora -porque, para ser Francos, también hay casta oficialista- que una medida que la burocracia sindical tuvo que tomar y sostener porque el malestar económico crece. Y, sabemos, cuando ese malestar crece no hay versiones, la realidad se torna incontrastable.

Cuando se liberen definitivamente los precios de los servicios básicos y se quite el cepo, ¿habrá salida al ineluctable derrotero de país bananero al que nos conduce el gobierno de Milei?