El pedido de juicio político que ha motorizado el oficialismo argentino, si bien parece que no prosperará amerita algunas reflexiones comparativas. Al final de cuentas, no se puede gobernar por capricho.

Por Franco Hessling

El gobierno de la Nación viene pujando por el juicio político contra los máximos magistrados del país, a raíz de un conflicto por el que la administración del país se enfrentó con la de la ciudad de Buenos Aires, que desde hace un quindenio se encuentra bajo la órbita del PRO. Por supuesto, el caso es que en el medio se disputa dinero de la coparticipación.

Para ello, la Casa Rosada se apresuró a convocar una sesión extraordinaria en el Congreso que, por supuesto, ya se anticipa que será boicoteada las veces que sea necesaria por la oposición. Y esto no sólo porque dentro de la misma haya sectores aliados a la cúpula del poder judicial, sino también porque la agenda de una sesión extraordinaria, está claro, no puede determinarse sólo por capricho o necesidades del gobierno de turno.

Muchos temas, no sólo los que quiere la oposición corporativa, quedan excluidos de la pretensión gubernamental de tratar exclusivamente el pedido de juicio político a los letrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley de humedales, por ejemplo, es un pendiente que ni la oposición cercana al partido judicial ni el oficialismo están dispuestos a tratar.

Los asuntos que competen a los máximos tribunales nacionales son harto complejos y no son exclusivos de nuestro país. La pregunta es si, a pesar de las invisibilizaciones de otros temas y las mezquindades del gobierno y la oposición, nuestra Corte merece un tirón de orejas como un eventual juicio político.

¿Cómo operan otros tribunales máximos del mundo? ¿realmente en Argentina hay un “partido judicial” porque se hagan cosas que disgustan a los poderes ejecutivos de turno? ¿puede el gobierno acusar de deshonrosos a los jueces porque no han fallado a su favor y, luego, salir impunes de tal operación? ¿Todas las Cortes de Justicia del mundo trabajan con tan poco margen con respecto a los dirigentes políticos elegidos?

En Estados Unidos, por ejemplo, se ha infiltrado recientemente información sobre la decisión del tribunal más encumbrado con respecto al derecho al aborto, lo cual trajo tanto revuelo que hasta se han encarado investigaciones contra la Casa Blanca y el propio Joe Biden por las filtraciones. ¿Alguien puede imaginarse al procurador argentino investigando al presidente de la Nación?

En Jamaica, para no salir del continente, por estos días se debate la posibilidad de que el sistema judicial finalmente se independice de la tutela del Reino Unido. Sí, como lee, atento lector, la justicia jamaiquina todavía depende en gran parte de jurisdicciones con asiento en el continente europeo. Así las cosas, como se observa, la Justicia argentina no tiene un máximo tribunal muy protegido, como el de EEUU, ni tan monitoreado como el de Jamaica. El pedido de juicio político, a todas luces, es un arbitrio tendencioso antes que una necesidad real.