Punto Uno
Banner central top 1 separador

Apuntes marginales II
El derecho a la energía en la discusión por subsidios que se abrió luego del acuerdo con el FMI. Segmentación de los subsidios para bajar el déficit, tal cual se acordó con el FMI. ¿Sirve? El mercado energético argentino: monopolios estatales en la generación y transporte (empresas de participación mixta) y monopolios en la distribución.

Por Franco Hessling

El tercer trimestre del año está finalizando con la noticia de que el gobierno argentino logró acordar con el FMI. Si no acordaba entraba en default. Básicamente, aunque es la mejor explicación que yo puedo dar, el default es cuando no se paga una deuda en el plazo acordado. Para mejores referencias, recúrrase a Wikipedia: “Un impago o default, en finanzas, es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo, por ejemplo, cuando un comprador no puede pagar su hipoteca, o cuando una corporación o gobierno no es capaz de pagar un bono que ha llegado a su madurez. Un impago soberano o nacional es la incapacidad o el rechazo de un gobierno de devolver su deuda pública”.

¿Cómo se evita el default? Pagando o prorrogando los plazos de pago. Sobra decir que la administración argentina se decantó por esta segunda alternativa, aunque ya había cancelado algunos montos anteriores y eso le mostró al FMI, al mundo y a los argentinos de buen semblante que el peronismo jamás será un “impago soberano” del gran capital financiero. Eso que en campaña llamaron “deuda ilegal e ilegítima”, pasó a ser una demostración de madurez para los mercados. Entonces, los mercados respondieron: faltaba más, mientras usted pague, puede haber alguna que otra prórroga.

Expertos en demagogia, los dirigentes y tribunos peronistas no pudieron más que calificar de “histórico” el acuerdo para prorrogar plazos de una deuda que, ahora sí, por involucrar a dos administraciones de gobierno distintas -Cambiemos primero y el Frente de Todos después- es más legal y legítima que antes. Lo positivo del acuerdo fue que el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner consiguió sacudirse la mano en un apretón con el FMI sin que éste le imponga “instrumentos” para alcanzar la meta de “reducir el déficit”.

Empero, entusiasta nacionalpopular, la meta impuesta de reducir el déficit está y, si no queremos que el mundo vuelva a mirarnos de soslayo y a desconfiar de nuestra madurez mercantil y geopolítica, debemos cumplirla. Y para reducir el déficit hay dos caminos posibles. Básicamente, no puedo explicarlo mejor, es como ganar un partido de fútbol. Se hacen muchos goles descuidando la defensa y procurando no recibir más goles de los que se convierten -estrategia de crecimiento-, o se hacen menos goles enfatizando en la defensa y en la eficacia para convertir -estrategia de reducción-. O crece el PBI o disminuye el gasto.

Con el precio del petróleo en caída, la ínfima inversión en energías renovables y unos ya domesticados valores de comoditties y de la soja, la economía argentina no está en condiciones de hacer más goles (de proyectar un crecimiento económico que dispare su PBI). Entonces, todos los caminos conducen a Roma, habrá que reducir el gasto. Y eso siempre implica ajustes, recortes o, si prefieren, correcciones. Ese será el camino que asumirá la Casa Rosada para no dinamitar sus relaciones carnales con el FMI.

Pocos días pasaron desde la celebración del acuerdo hasta que los cerebros de la cartera Economía debieron empezar a explicar con qué ajustes reducirán el gasto y, por lo tanto, el déficit -siempre a paladar del FMI. Se admitió que habría recortes a los subsidios a la energía, un tema que acerca mucho al Frente de Todos con lo que Macri y los suyos llamaron “sinceramiento” de las tarifas. Las posiciones imperantes para lo que el oficialismo llamó “segmentación” de los subsidios se concentraron en el criterio geográfico. La zonificación de las tarifas.

La matriz energética argentina está concentrada en el estado, pero no en ese que “somos todos” si no en el que es una administración ajena a la “sociedad civil”. Hubo funcionarios que deslizaron que el asunto se reducía a que “el estado” (administración ajena a la sociedad) aporta 70% de los gastos de la energía, mientras que la “ciudadanía” (sociedad civil) sólo aportaba el 30%. Y eso fue motivo para que dulcificaran el “razonable” aumento de las tarifas en algunas zonas. No seré quien diga que un ajuste en los precios que la “sociedad civil” pone a través de tarifas no debe encarecerse, pero no sé si la zonificación es el mejor criterio. Tarifas según ingresos me encantaría. No hay que perder de vista que la energía es un derecho instrumental de un derecho humano: acceder a una vivienda adecuada, con, entre otras cosas, electricidad, gas y agua.