Franco Hessling Herrera

Las relaciones entre el personal de LLA y el mundo narco están probadas y exceden con creces al nombre de José Luis Espert. Nunca fue tan ostensible que el programa de gobierno de un oficialismo beneficie tan abiertamente la proliferación de la criminalidad organizada.

El país se conmocionó, y con razón, con la aparición de las tres jóvenes asesinadas presuntamente a manos de una red de narcotraficantes que operaban, entre otros lugares, en Florencio Varela. Lara, Morena y Brenda, una menor de edad, fueron ajusticiadas aparentemente en el marco de una venganza por avivadas previas de una de ellas contra los miembros de la banda.

Se ha dicho, además, que las muchachas ejercían la prostitución y que los perpetradores del triple crimen cuando las secuestraron las habían contratado para una supuesta fiesta. Los cuerpos aparecieron mancillados, con señales de haber experimentado torturas antes de fenecer, indicio central de que el delito fue premeditado y que envolvía enconos que antecedían ese último encuentro.

El pasmo colectivo no fue para menos, el hecho envolvió todos los componentes de truculencia que engloban lo más rancio de las sociedades contemporáneas. Desde misoginia hasta criminalidad organizada, desde cuerpos subalternizados hasta inscripciones mafiosas, desde torturas hasta zonas liberadas y operaciones de extrema violencia. Se lo catalogó como un narcofemicidio. Sin dejar de mencionar que una de las chicas era menor de edad y que las otras, aunque ya legalmente mayores, eran apenas unas veinteañeras con toda su vida por desarrollarse. Los presuntos perpetradores, igualmente, eran jóvenes y aparentemente ya dedicados a tiempo completo al mundo del hampa, el tráfico y la venta de drogas y la dominación territorial a fuerza de coacciones.

Desde hace tiempo el avance del narcotráfico se ha convertido en un temor colectivo para la sociedad argentina. Mucho se ha escrito sobre lo ocurrido en Rosario, donde una serie de investigaciones periodísticas de Germán de los Santos y Hernán Lascano dieron lugar a develar lo que siempre ocurre cuando de criminalidad organizada se trata, es decir, una connivencia entre los lugartenientes territoriales, los capos narcos, la policía, las fuerzas militares, tentáculos judiciales y gubernamentales. Los narcos no operan solos ni aisladamente y, de hecho, para montar sus negocios y dominios territoriales requieren de resueltos apoyos de diversa índole, desde estatales hasta empresariales.

Bienvenida sea la reacción social ante semejante hecho de delincuencia. Y no sólo por las muertes, estas en particular con suma maldad y morbo, sino por lo que representa el crimen organizado en general. Bienvenido el temor a que el país se convierta ya no sólo en una colonia del imperialismo estadounidense, como viene procurando Milei y Caputo con sus endeudamientos seriales, sino también en un territorio con poblaciones empobrecidas -principalmente por el programa económico libertario- que son vulnerables a convertirse en rehenes de capos narcos con dominio territorial, prestos a ofrecer dos salidas rápidas y pecuniarias -valor moral por excelencia de la moral libertaria-: ser sicarios o prostituirse, plata fácil y con poco esfuerzo.

Capos narcos que, también hay que decirlo, proliferarán cada vez más por las facilidades tributarias y de controles aduaneros -dados por la liberalización fiscal- y la connivencia con las fuerzas del estado -armadas y policiales-. El avance narco, felizmente, todavía causa estupor en la idiosincrasia argentina, últimamente tan vapuleada por el universo simbólico libertario, algo que fácilmente se observa, por ejemplo, en que ser un ignorante ha dejado de dar verguenza para dar paso al único valor que esa mirada propone: la obtención de dinero, sea bien hecho o mal habido, sea con habilidades o sin ellas, sea con mérito o sin él, sea con sobrado esfuerzo o sin el más mínimo sacrificio-.

De allí que el triple crimen de Florencio Varela cautivó la atención rápidamente, por el enorme temor que representa el avance en todo el país del crimen organizado -porque las bandas narcos no operan apostadas en un único lugar, sino que son un problema de índole nacional y trasnacional-. Pero, además, porque era una buena oportunidad de reinstalar el relato libertario de que en la provincia de Buenos Aires la inseguridad es un problema tan acuciante que nada es más importante y que, además, esa inseguridad sólo se explica por la inoperancia de la administración peronista. Añadiendo que el garantismo es la perspectiva que ha permitido la proliferación de los índices de delincuencia. De hecho, los más sofisticados de los libertarios y sus voceros de Infobae.gob, La Nación+ y algunos otros medios mencionan ese garantismo como “doctrina Zaffaroni”, en alusión al ex magistrado que supo ocupar un sitial nada menos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero, si de hallar relaciones entre política y narcotráfico se trata, La Libertad Avanza (LLA) está en serios problemas porque el asunto no se reduce a un dato territorial -si una banda actúa circunstancialmente de un lado u otro de la Gral. Paz-, sino de decisiones gubernamentales y nombre propios que coinciden entre el mundo narco y el partido de los Milei. Ya mucho se ha dicho sobre José Luis Espert y, aunque Javier Milei lo sigue respaldando, fue corrido de su candidatura a diputado nacional por la LLA dada la estrepitosa caída en las encuestas tras sus mentiras que, una a una, fueron desmontándose gracias al periodismo. No es casualidad que sea Milei quien incite a odiar a los periodistas y pretenda acallarlos y obstaculizarles el trabajo.

En resumidas cuentas, y frente al temor que causa el avance del narcotráfico, expliquemos que LLA es el partido narco en Argentina, y esto excede con creces al asunto de Espert. En términos formales, el gobierno inhibió la información sobre los blanqueos de capitales, flexibilizó controles a los movimientos financieros de grandes volúmenes -es decir, aquellos que permiten detectar lavado de dinero- y suspendió la obligación de registrar todos los vuelos en el espacio aéreo argentino. Todo ello genera obvios beneficios para la operatividad en el país de cárteles de drogas ilegales -porque el gobierno también se ha ocupado de beneficiar, a cambio de coimas, a las droguerías que comercian con sustancias legales, como la suizoargentina-.

Cerremos con los nombres propios para que no haya dudas que votar a LLA es apoyar la proliferación del narcotráfico. Nos quedemos con tres nombres porque sino esto dejaría de ser una columna y se volvería el boceto de un libro. Francisco Oneto, candidato a vicegobernador de Buenos Aires en 2023 por el partido libertario es el actual abogado de Javier Milei y, vaya coincidencia, el patrocinador legal de Fred Machado -el presunto narco que financió a Espert-. Mariano Cúneo Liberano, ministro de Justicia de la Nación de LLA, fue el abogado patrocinador de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba -capo narco del conurbano bonaerense y envuelto en el crimen de Candela Rodríguez en 2011-. Y Lorena Villaverde, actual diputada nacional libertaria y candidata a senadora por Río Negro, quien fue acusada de narcotráfico en Estados Unidos, hace más de 20 años, al quedar presa con la posesión de casi medio kilo de cocaina. Esta última, además, con relaciones probadas con un primo-hermano de Machado, a quien se signa como su testaferro, el empresario Claudio Ciccarelli.

Al igual que Villaverde, en Salta la candidata a senadora nacional por LLA es actual diputada nacional. Sobre Emilia Orozco sólo se conocen maltratos, extorsiones internas con cobros a los militantes designados en cargos públicos, viajes a Dubai con fondos públicos mientras se ajusta a universidades, discapacitados y jubilados, y una visita a un ex represor por delitos de lesa-humanidad, excursión organizada y financiada con recursos del Congreso de la Nación. No hay vínculos probados de Orozco con el mundo narco. Pero su patrocinador, Alfredo Olmedo, sí tiene más evidencias sobre su apego al crimen organizado, rasgo que, a estas alturas, parece ser condición para integrar la fuerza libertaria. Olmedo está acusado de esclavismo y trata de personas en sus campos en La Rioja. Nunca fue tan claro qué programa de gobierno no se debe votar porque nos condena a ser un país dominado por el crimen organizado.