Franco Hessling

Una intrusión en Corea del Norte, en 2019, fracasó y los agentes yanquis abatieron a testigos involuntarios de la invasión. El hecho se conoció hace sólo algunas semanas y habilita a reflexionar sobre las catacumbas de la democracia, los servicios de inteligencia, y el sobre-financiamiento de la duocracia Milei a la SIDE que maneja Santiago Caputo. Por Franco Heslling.

No es ninguna novedad que parte importante de los estados nacionales contemporáneos se asienta en sus servicios de inteligencia.

Cuando el por entonces fiscal Nisman apareció con un disparo en su departamento, y frente a las innumerables conjeturas alrededor del deceso, algún editorialista metropolitano tuvo el tino de mencionar a esos servicios como las “catacumbas de la democracia”, esos subterfugios donde transcurre una parte del poder invisible al escrutinio público, porque no sólo no se votan los agentes ni la disposición de los fondos de inteligencia, sino que además nada se sabe sobre sus planes de acción, sus modus operandi, sus prioridades y sus estrategias de funcionamiento.

Tal vez por eso la investigación que Rodolfo Walsh coronó con el título “Caso Satanowsky” haya tenido tanta relevancia para quienes gustamos de husmear precisamente en esos subsuelos de lo público, que, sin embargo, se financian con fondos públicos y tienen indiscutible repercusión en lo que ocurre a niveles colectivos, nacionales y públicos en general, valga la redundancia. Ciertamente, el propio Walsh ya había demostrado en Operación Masacre que la Revolución Libertadora no se ruborizaba de usar a la vista de todos la violencia y la criminalización al rival político, pero con el asesinato del abogado Marcos Satanowsky quedó al desnudo que los oficiales de inteligencia operaban también desde las sombras y no únicamente por móviles ideológicos o políticos sino también, y fundamentalmente, económicos.

A mayor envergadura de los países, demográfica y económica, mayor acción a hurtadillas de sus servicios de inteligencia. El Mossad, el MI6, la CIA, el SVR (ex KGB) y la SIDE dan lugar tanto a especulaciones como a series sensacionalistas donde las mecas de la producción audiovisual se ufanan de sus presupuestos ingentes y sus efectos especiales. Sobre esto último, cuando uno asiste como espectador a esa clase de producciones termina por preguntarse si acaso puede ser posible que las imágenes grandilocuentes de persecuciones, disparos, cacerías humanas y cinegética en general pueden ser reales, al menos en parte. Al fin de cuentas, con cierto escepticismo al olvidar Caso Satanowsky, uno desconfía de que tanta acción pueda ocurrir sin que nadie revele que se trata de refriegas asociadas al tráfico de información y al espionaje.

Ese escepticismo también tiene fundamentos en la realidad próxima. Hace poco tiempo, cuando se conocieron fragmentos muy sucintos de audios tomados a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, casta Milei, Karina, la del 3%, el argumento oficialista fue que se trataba de una operación mediática y de espionaje encarada por una hipotética conspiración que reunía a orientales, eslavos y centroamericanos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adicta al ridículo, estuvo cerca de completar el hipotético complot introduciendo en el entente también a los mapuches, a los wichis, a la barra brava de Colo-Colo, a los seguidores de Taylor Swift y, por supuesto, a los ignotos conspiradores cimarrones del Área 51.

Sin embargo, cuando trascienden informes serios, investigaciones rigurosas o trabajos sesudos al respecto de los servicios de inteligencia se retoma la idea de que existen, de que operan en los subterfugios de la sociedad y con fondos públicos, de que trafican información a gran escala, de que son fundamentales para los estados y los establishments, y de que son un pie fundamental para la “seguridad nacional”, que en realidad mucho tiene que ver con la persecución de la disidencia y la propalación de las hostilidades bélicas con otros estados. Por esa razón, la divulgación de esa clase de trabajos que transparentan los intereses reales y los modus operandi concretos de esos servicios, incomodan tanto a la política como a los poderes económicos, tanto a los militares como a los policías, tanto a los peronistas como a los antiperonistas, tanto a los republicanos como a los demócratas.

Entonces, la libertad de expresión, en esos casos, encuentra un límite interpuesto por las propias estructuras institucionales de los estados nacionales contemporáneos: le llaman seguridad nacional y orden público. No se puede difundir, dicen, aquello que amenace esos aspectos y, como se anticipa, la mayor parte de las actividades de los servicios de inteligencia entran en esa consideración de gendarmes de la seguridad nacional y del orden público. De allí que el Gobierno haya apelado a esa confabulación delirante ante la Justicia para inhibir la publicación de audios de Karina “3%” Milei, algo que, curiosamente, luego el propio gobierno retiró -probablemente, después de que sus agentes de inteligencia lograsen chequear el contenido y/o extorsionar a quienes tenían esos audios-.

Un par de semanas atrás una investigación del New York Times reveló una operación fracasada para infiltrar dispositivos tecnológicos de escucha para espiar al premier norcoreano, Kim Jong-un, quien tiene un programa de armamento nuclear que incomoda a los Estados Unidos desde hace años, a los que el líder oriental incluso se animó a conminar públicamente. El escuadrón rojo del “SEAL Team 8”, el mismo que había encontrado y ajusticiado a Bin Laden en Medio Oriente, tenía el encargo y lo preparó durante meses, hasta principios de 2019. El hecho es que fracasó cuando desembarcaron en una costa que creían vacía pero que tenía a un bote de ciudadanos norcoreanos encallado. Ante la duda, con el temperamento propio de los yanquis, abrieron fuego antes de huir y mataron a los testigos involuntarios de la invasión secreta. Hasta el momento no se sabía que esas muertes habían sido a manos de los servicios yanquis, ¿cuántas de las muertes y las “inseguridades” que llenan titulares de portales digitales habrán sido consecuencia de desinteligencias de estas catacumbas de los estados nacionales?

Para cerrar, además, conviene comentar que tras esa publicación Donald Trump ha denunciado al NYT, que se cuidó de no publicar puntos clave del plan truncado en 2019 para no vulnerar los intereses nacionales. La verdadera razón del apuro de Trump -cualquier parecido con el caso argentino para proteger a Karina “3%” no es pura coincidencia- estriba en que el NYT reveló que Trump autorizó la operación del SEAL Team 8 sin someter la decisión a deliberación de los resortes del Congreso que deben formar parte de estas determinaciones. Es decir, lo hizo cual autócrata y ahora pretende acallarlo para que nadie se entere y que, a la postre, no termine enjuiciado por semejante irresponsabilidad antidemocrática. Cuidado, duocracia Milei, hasta el amigo Donald puede quedar en el banquillo de acusados -una vez más-.