En conferencia de prensa, la fiscal penal Sofía Cornejo, expuso los avances de la investigación que se lleva adelante en la causa por la presunta comisión del delito de intimidación pública, a raíz de la difusión de videos en la red social Tik Tok.

Aseguró que en 10 días tendrá el análisis de los celulares y computadoras de los imputados. Hoy jueves 16 de enero,a las 10 hs, está citado en Ciudad Judicial el diputado nacional.

La fiscal penal aclaró al principio de la conferencia, que el delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado (provincial en este caso) y desestabilizar el orden democrático e inconstitucional.

Seguidamente puntualizó que, independientemente del delito que la Fiscalía a su cargo investiga, caracterizado como de acción pública y de competencia ordinaria, y que tiene como bien jurídico protegido el orden público, y no persona alguna en particular, la investigación a su cargo no comprende las otras eventuales afectaciones diferentes que pudiesen eventualmente generar compromiso o agravio en personas físicas en particular.

La intervención fue por noticia crimine, sin tener personas físicas identificadas en primera instancia, así se comenzaron las pesquisas en procura de establecer el origen y los autores. La Fiscal informó que del avance producido en la causa, se imputó provisionalmente a tres personas que surgieron de las tareas investigativas y que podrían estar involucradas en la comisión del delito que se investiga.

Luego de recibir declaraciones de las personas imputadas (dos de ellos identificados como empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación como asesores del diputado nacional Emiliano Estrada) y de la incorporación de otros elementos probatorios, tales como informes remitidos por empresas como Tik Tok y Google, entre otras, este martes, se imputó provisionalmente al Legislador Nacional.

En lo específico, desde fiscalía indicaron que hay “por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como “estado narco”, vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas efectivamente efectuados sobre ambulancias de particulares ajenas al sector público”.

Los tik-tokers se financiaban con fondos del Congreso de la Nación

En relación al delito de peculado de trabajo y servicios que se le imputa a Legislador Nacional, se fundamentó la presunción en que “la organización y distribución de tareas de esta organización estaba siendo financiada con fondos públicos, -del Estado Nacional, en el caso del Congreso de la Nación, ya que el  pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenían del erario público nacional, por lo que oportunamente se evaluará la cuestión de la competencia federal para la investigación de este delito”.

En el caso puntual; no obstante ello, también aclaró la fiscal Cornejo que “el delito de intimidación pública está habilitado por la jurisdicción ordinaria”.

“Intimidación pública”

De acuerdo a la fiscal Cornejo, los videos analizados “van más allá de las críticas y buscan desestabilizar, causando temor". Debido a esto, excedieran la libertad de expresión, las calumnias e injurias y encuadrarían en el delito de “intimidación pública”

Cuatro acusados

Bajo el delito de "Intimidación Pública" son cuatro las personas imputadas: Florencia Arias Bustamante; Alonso Javier Allemand; Juan Marco Capisano y Emiliano Estrada.

Estrada denuncia persecución

Emiliano Estrada, de Unión por la Patria, denunció ser víctima de una persecución política, judicial y mediática en su contra.

El diputado nacional denunció que no solo apunta a su figura, sino también a la de su familia y amigos, y que constituye un claro ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho a denunciar lo que ocurre en la provincia.

En el escrito Estada señala que desde 2022 es víctima de denuncias falsas y presiones hacia su entorno familiar y laboral. Además, sostuvo que la causa judicial en su contra, sobre el financiamiento de campañas difamatorias a través de Internet, es fabricada y que está siendo perseguido por ejercer su rol de legislador y expresar sus opiniones.

 Estrada criticó también al Poder Judicial de Salta por su falta de acción ante denuncias graves relacionadas con el gobierno de Sáenz, y cuestionó la manipulación del sistema judicial para silenciar voces opositoras.

En su mensaje, también mencionó la situación de trabajadores que fueron presionados a declarar en su contra, y subrayó que se busca silenciar a quienes cuestionan al gobierno provincial. El delito por el cual está imputado contempla penas de 3 a 6 años de prisión.