Salta fue una de las doce jurisdicciones que accedieron en abril a un adelanto de coparticipación por parte del Gobierno nacional. Ahora evalúa alternativas para afrontar el vencimiento dentro del año fiscal, en un contexto de menor disponibilidad de recursos.

La provincia se encuentra entre los distritos que recibieron en abril un adelanto de coparticipación federal otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación y que actualmente analizan la posibilidad de refinanciar esos compromisos para aliviar la presión sobre sus finanzas.

El esquema de asistencia alcanzó a doce provincias y representó un financiamiento total cercano a los $400.000 millones. El mecanismo fue implementado por el Gobierno nacional como una herramienta para evitar que los gobernadores debieran recurrir a bancos o al mercado financiero, donde las condiciones de crédito podrían resultar más costosas.

En el caso salteño, el adelanto recibido forma parte de una estrategia para sostener la administración financiera provincial frente a un escenario marcado por la caída de recursos nacionales y una menor dinámica de la recaudación propia. El préstamo fue acordado con una tasa del 15% anual y tiene como garantía el descuento directo de futuros fondos de coparticipación.

Según trascendió, algunas provincias que accedieron a este mecanismo ya comenzaron a evaluar pedidos de refinanciación ante el Ejecutivo nacional. Salta aparece dentro de ese grupo de jurisdicciones que estudian cómo reprogramar los vencimientos para evitar un impacto mayor en sus presupuestos.

Menores ingresos

La situación financiera de las provincias se vio condicionada durante los últimos meses por la reducción de las transferencias nacionales y la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado en cada territorio. En ese contexto, los gobiernos provinciales aplicaron medidas de ajuste y control del gasto, aunque en varios casos esas acciones no alcanzaron para compensar la disminución de ingresos.

Un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), señaló que la deuda pública consolidada de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó los $32,6 billones al cierre del primer trimestre de 2026.

El estudio indica que la deuda provincial representa el 3,4% del Producto Bruto Interno, mostrando un incremento respecto al mismo período del año anterior. Dentro de la estructura de endeudamiento, la mayor parte corresponde a bonos, seguida por compromisos con organismos internacionales y entidades financieras.

Para la administración salteña, el desafío consiste en mantener la prestación de servicios esenciales y la continuidad de políticas públicas en un escenario de mayor restricción presupuestaria.

La eventual refinanciación del adelanto de coparticipación permitiría extender los plazos de pago y otorgar mayor margen financiero a la provincia, aunque dependerá de la aprobación del Ministerio de Economía nacional, encabezado por Luis Caputo.