Digerido el duro revés que significó la liberación de Santos Clemente Vera, la Corte convocó ahora a la jueza María Alejandra Gauffin para integrar la sala que debe resolver cómo seguir con una causa que desvela a la justicia salteña desde 2011.

El 6 de febrero pasado, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero convocó a la última jueza que integra ese alto tribunal para que se sume al staff de la Sala II de ese cuerpo. Se trata de María Alejandra Gauffín, la única que hasta el momento no se excusó de intervenir en esa causa, aunque podría hacerlo, pues no trascendió que haya aceptado el cargo ya.

La causa es una brasa encendida para los integrantes de la Corte, tanto que de los nueves jueces, cuatro ya se excusaron de agarrar el expediente. Fabián Vittar, Guillermo Catalano, Ernesto Sámson y Pablo López Viñals se inhibieron. Los tres primeros por haber firmado el fallo que avaló la condena de Vera como asesino de las turistas francesas, dejándolo por más de 7 años tras las rejas.

López Viñals, si bien no integraba la Corte en esos años, sí tuvo una intervención importante por su rol como Procurador General de la Provincia, cuando ocurrieron los crímenes de Cassandre Bouvier y Mouria Moumni, asesinadas el 29 de julio de 2011, en el sector del Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo.

Los que quedaron en la Corte habilitados para resolver el caso son, casualmente, su presidenta, María Edit Nallín, Gabriel Chibán, Adriana Rodríguez Faraldo y sino se excusa, Gauffín, quienes integrarán la Sala II, encargada de resolver las causas penales que llegan al máximo tribunal de justicia provincial.

Como se sabe, el 10 de diciembre, luego de una larga lucha legal de los abogados Roberto Reyes y José Vargas, quienes impulsaron desde el 3 de febrero de 2016, un recurso dirigido a revertir el fallo que ese día, dictaron los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, de la Sala III del Tribunal de Impugnación.

Con su resolución, éstos camaristas cometieron una aberración jurídica, tanto que existe en su contra un pedido de juicio político, proceso reclamado por el diputado José Gauffín, cuya apertura o desistimiento aún se encuentra pendiente de resolución.

Hipótesis del juez Pucheta

Martini y Arias Nallar intervinieron ante una apelación de la fiscalía contra la sentencia dictada el 9 de junio del año 2014, por los jueces Carlos Pucheta, Bernardo Ruiz y Angel Longarte, quienes, resolvieron absolver a dos de los tres acusados que fueron llevados a juicio. Gustavo Lassi fue el único que fue hallado responsable del doble crimen, por lo que fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Vera y Daniel Viltes Laxi, resultaron libres de culpa y cargo.

Ese veredicto fue un cachetazo no sólo para la fiscalía, sino para la cartera de Seguridad y para el Gobierno de la Provincia, en ese entonces comandado por Juan Manuel Urtubey, quien se caracterizó por inmiscuirse en los casos judiciales de resonancia, como este y el de las muertes de dos jovencitas halladas ahorcadas en la zona sur de la ciudad.

Al atender la apelación del fiscal Federico Obeid, paladín elegido para ir por una sentencia condenatoria, los jueces Martini y Arias Nallar, el primero de ellos muy ligado a los jueces de Corte, Sandra Bonari y Guillermo Catalano, decidieron albergar la revancha y, pese a que no estaban facultados, condenaron a Vera a prisión perpetua, lo que generó una fuerte campaña legal para rescatarlo de la cárcel, pues las evidencias analizadas por los jueces del juicio, dejaban serias dudas respecto a su participación en el doble crimen.

Además, uno de los jueces, Pucheta, en una publicación especializada local, no tuvo reparo en sostener su sospecha de que alguien “del poder” estaba detrás de los homicidios, una hipótesis que toda la sociedad da por cierta, ahora aún más.

En la gesta por rescatar a Vera, sus defensores no se vieron solos, pues el primero en unirse fue Jean Bouvier, padre de una de las víctimas, mientras que más tarde lo hizo Manuel Garrido, presidente de la organización internacional Innocence Project en Argentina.

La lucha en favor de Vera, finalmente dio sus frutos el 10 de diciembre, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorensetti y Carlos Ronsenkrantz, resolvió declarar nulo el fallo de los camaristas Martini y Arias Nallar.

Básicamente, los jueces del máximo tribunal nacional, sostuvieron que los jueces de Impugnación, no tenía facultades para dictar una condena, sino que debían haber resuelto la nulidad de la sentencia y devolver el expediente al tribunal de juicio para que se realice un nuevo juicio a Vera.

Con este argumento, se cayó todo el andamiaje legal elaborado para mantenerlo preso. En consecuencia, la Corte, ahora dirigida por Ovejero, tuvo que volver sobre sus pasos y ordenar la liberación de Vera, quien al salir del penal de Villa Las Rosas se mostró conforme con el fallo, pero no festejó demasiado, pues sabe que este triunfo fue la mitad de una larga batalla legal.

Casualmente, la Sala II de la Corte, que Ovejero intenta conformar, es la que debe expedirse sobre el caso y resolver qué sucederá con Vera y lo más importante, si la investigación del doble crimen será reabierta, una posibilidad más que latente, pues el mismo Procurador General, Pedro García Castiella, así lo reclamó apenas se conoció el fallo del tribunal nacional.

De integrarse la Sala II, los jueces deben decidir si giran el caso nuevamente al Tribunal de Impugnación para que allí se defina el lío que ellos mismos armaron, o bien se muestran más prudentes y agregan algunas consideraciones para evitar otro papelón.

Entre esas alternativas, no se descarta someter a Vera a un nuevo juicio, aunque primero, existiría la chance de darle la derecha al procurador y pedirle que reactive la investigación del caso a fin de ir a juicio con más pruebas, suficientes para volver a repetir la condena contra el baqueano.

Las dudas sobre esta posibilidad giran en torno a la casi nula chance de obtener nuevas pruebas contra Vera, mientras que, por otro lado, sí podrían surgir pistas que alimenten la hipótesis del juez Pucheta respecto a la probable participación de algún protegido de sectores del poder de Salta, una caja de Pandora que, al parecer, ni la justicia se anima a abrir.