La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló contra el Estado nacional en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la reestatización de YPF y ordenó pagar una indeminización que podría llegar hasta casi los US$20.000 millones.

Según la sentencia revelada este viernes, Preska eximió de responsabilidad a YPF en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero responsabilizó de la maniobra al Estado nacional. Ahora, a la Argentina le quedan dos instancias judiciales para apelar esta resolución, aunque igualmente deberá depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio. La suma reclamada por los fondos litigantes va entre US$8.500 millones y llega a hasta los US$19.8000 millones. Pero esos montos no son definitivos.

“Los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y a una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”, indicó la magistrada en su fallo.

Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra YPF y la Argentina a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera al momento de la estatización.

Su principal argumento en el caso era que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner rompió el contrato de concesión de YPF, no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios y expropió el 51% de la empresa de hidrocarburos y energías renovables.

Es más, la demanda comenzó con los ex accionistas minoritarios de YPF, luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol -que controlaba la petrolera- US$5.000 millones en concepto de resarcimiento por la "renacionalización" de la compañía.

Tras conocer el fallo

La primera lectura que hicieron en la compañía es que se trata de un fallo "positivo" para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad en la expropiación y que no es garante del Estado nacional. De este modo, los activos de la energética están fuera de riesgo o embargo. Pero además, aunque condena a la Argentina, Preska tampoco hizo lugar todos los reclamos judiciales de los fondos demandantes.