Proteccionistas, abogados y senadores se reunieron para discutir qué debe incluir una nueva normativa provincial. Maltrato, animales sueltos, criaderos clandestinos, castraciones y falta de respuestas judiciales estuvieron entre los principales puntos.

La discusión sobre cómo proteger a los animales en Salta dejó de ser un tema reservado a las organizaciones proteccionistas. Esta semana llegó de lleno al Senado, donde legisladores, abogados especializados y representantes de distintas entidades se sentaron a revisar qué herramientas necesita la provincia para enfrentar una problemática que, según los propios protagonistas, crece más rápido que la capacidad del Estado para responder.
La Comisión de Legislación General reunió a referentes del sector para poner sobre la mesa cuatro proyectos que ya están en trámite. Tres fueron impulsados desde el Senado y el cuarto obtuvo recientemente media sanción en Diputados. La idea ahora es evitar que cada iniciativa avance por separado y buscar una legislación común.
El debate no quedó reducido a una cuestión de penas. En la reunión aparecieron problemas muy concretos: animales abandonados, denuncias que no avanzan, criaderos clandestinos, peleas de gallos, perros y caballos sueltos en la vía pública y una población de animales domésticos que crece sin control.
Uno de los planteos más fuertes llegó desde las organizaciones proteccionistas. Sus representantes reclamaron que la futura ley no quede solamente en un catálogo de prohibiciones y multas, sino que tenga recursos, organismos especializados y mecanismos que permitan hacerla cumplir.
Uno de los proyectos, presentado por la senadora Alejandra Navarro, está concentrado en los animales de compañía. La propuesta parte de reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad y busca establecer reglas específicas para prevenir situaciones de maltrato.
Entre otras cuestiones, contempla sanciones para el abandono, el encadenamiento permanente, las mutilaciones, las peleas y la reproducción abusiva. También plantea regular la venta y adopción, prohibir la exhibición de animales en vidrieras y crear un registro para rescatistas y proteccionistas. Las sanciones previstas llegan hasta los 30 días de arresto o multas.
Otra iniciativa, impulsada por el senador mandato cumplido Gustavo Carrizo, apunta a un problema bastante más cotidiano: los animales que terminan en la calle y pueden provocar accidentes. El proyecto propone actualizar la legislación sobre ganado suelto y establecer multas progresivas para los propietarios, además del pago de los gastos ocasionados durante el secuestro preventivo.
Hay también una propuesta que plantea un régimen general contra el maltrato y la crueldad animal. Allí aparecen sanciones más severas, como decomisos, clausuras, inhabilitación para tener animales y arrestos de hasta 90 días. También se propone crear hogares de custodia y un fondo para atender a los animales rescatados.
El cuarto proyecto ya obtuvo aprobación en Diputados y reconoce a los animales como “seres sintientes”. La iniciativa incorpora al Código Contravencional sanciones para el abandono y la falta de cuidados esenciales, contempla el trabajo comunitario y establece la obligación de auxiliar a un animal involucrado en un siniestro vial. Además, propone crear un Registro Provincial de Maltratadores de Animales.

Reclamos

Alejandra Arroyo, de la Fundación Pata’i Perro, pidió que la legislación diferencie con precisión qué se entiende por maltrato y qué por crueldad. También planteó una demanda que apareció varias veces durante la jornada: una fiscalía especializada en delitos contra los animales y recursos presupuestarios para sostener el trabajo de las organizaciones.
Laura Miranda, de la Fundación Animaladas, insistió en otro punto: la prevención. Para la proteccionista, una ley por sí sola no alcanza si no está acompañada por educación y concientización en los barrios. También reclamó respuestas más rápidas frente a criaderos clandestinos y actividades como las riñas de gallos.
Analía Arias llevó el problema a los números. Según explicó, en Salta capital viven unas 600.000 personas y se estima que hay alrededor de 300.000 animales. Para que un programa de control poblacional tenga un efecto significativo, sostuvo, sería necesario castrar al 20% de esa población cada año: unas 60.000 intervenciones anuales, equivalentes a unas 300 por día.
El dato expone una de las dificultades centrales del problema: no se trata solamente de castigar a quien maltrata. También hay que evitar que la cantidad de animales sin control siga creciendo.

Animales sueltos

El senador Esteban D’Andrea preguntó quién debe asumir jurídicamente la responsabilidad sobre los animales que se encuentran en la calle. En ese punto, los especialistas explicaron el alcance de la figura del “guardador” y destacaron la utilidad de identificar a los animales mediante dispositivos como el chip.
Daniel Moreno puso el foco en las consecuencias económicas que tienen para municipios como Vaqueros los animales sueltos. Enrique Cornejo, en tanto, planteó el problema de la sobrepoblación de palomas. Frente a esto, los especialistas recomendaron métodos de control biológico y sistemas de ahuyentamiento que no impliquen crueldad.
El vicegobernador Antonio Marocco destacó durante el encuentro el trabajo que realizan las organizaciones civiles y mencionó como antecedente la denominada “Ley Lola”. Pero el punto central de la discusión quedó más allá de los nombres de cada proyecto: la provincia necesita determinar quién controla, quién sanciona, quién rescata y, sobre todo, con qué recursos.