El secretario general de los trabajadores judiciales aseguró que el sector atraviesa un proceso de transformación que exige mayor capacitación, pero advirtió que persisten bajos salarios, empleados contratados desde hace más de una década y la necesidad de una mesa de diálogo para discutir las condiciones laborales.

¿Cuál es hoy la principal preocupación?

-Estamos atravesando un cambio muy importante en la Justicia. Se implementan nuevos códigos procesales, se crean oficinas judiciales, aparecen nuevas fiscalías y cambian las formas de trabajo. Los empleados siempre acompañamos esos procesos, nos capacitamos y sostenemos el servicio, pero la realidad es que los salarios quedaron muy atrasados y eso genera una situación muy difícil.

Existe la idea de que un empleado judicial tiene un buen sueldo. ¿Ese concepto refleja la realidad?

-No. Es un mito que queremos empezar a desarmar. Mucha gente cree que un trabajador judicial cobra dos o tres millones de pesos y eso está muy lejos de la realidad. Hay empleados administrativos que ingresan con sueldos cercanos a los 800 mil pesos, incluso siendo profesionales. Un abogado que entra al Poder Judicial cobra como administrativo y durante varios años prácticamente no tiene una mejora significativa en su escala salarial.

¿Qué sucede con quienes trabajan desde hace años como contratados?

-Tenemos casos de compañeros con 13 años de antigüedad que siguen contratados. Todos los años esperan la renovación de su vínculo laboral y nunca pudieron desarrollar una verdadera carrera judicial. Esa es una situación que debe resolverse.

Mientras tanto, la Justicia se está profesionalizando.

-Exactamente. Antes el ingreso podía darse con otro perfil, hoy cada vez se incorporan más profesionales, principalmente abogados o personas con estudios terciarios. La exigencia aumenta, pero la remuneración no acompaña esa realidad. Queremos una Justicia más profesional, pero también trabajadores bien remunerados.

¿Cómo impactan las reformas judiciales en el trabajo cotidiano?

-Muchísimo. Hoy gran parte de las investigaciones pasan a las fiscalías, aparecen nuevas oficinas judiciales y cambia la organización del sistema. También avanza la digitalización de los expedientes, aunque no de manera uniforme en toda la provincia. Capital va más adelantada y el interior va incorporando esos cambios de manera gradual.

¿La capacitación es una de las claves para adaptarse a ese escenario?

-Sin dudas. Desde el sindicato impulsamos una Tecnicatura Universitaria en Gestión Judicial y Asistencia Jurídica junto con UPATecO porque entendemos que el trabajador necesita herramientas para afrontar estos cambios. Además de la formación técnica, creemos que hace falta fortalecer la atención al ciudadano y mejorar la comunicación con quienes llegan a la Justicia buscando respuestas.

¿Qué reclaman concretamente al Poder Judicial?

-Queremos una mesa de trabajo específica para discutir la realidad del sector. Las necesidades de los judiciales son distintas a las de otros empleados estatales y deben analizarse por separado. Necesitamos hablar de salarios, de la carrera judicial, de la estabilidad laboral y de las condiciones de trabajo.

¿Recibieron alguna respuesta?

-Sí. La Defensora General nos manifestó que comprende el planteo y que comenzará a trabajar sobre nuestros reclamos. También la Corte de Justicia expresó su disposición a abrir una instancia de diálogo. Esperamos que esas manifestaciones se traduzcan en una mesa de negociación concreta.