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En Salta, como en todas las provincias del país, se llevaron a cabo diferentes actividades en conmemoración del golpe militar de 1976. La particularidad en esta oportunidad fue el recrudecimiento del negacionismo y la reivindicación de la dictadura por parte del gobierno de Milei.

El contexto político y social de Argentina ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la memoria histórica, en especial tras el resultado de las elecciones presidenciales de 2023, que resultaron en el triunfo de la fórmula Milei-Villaruel. A lo largo de la campaña electoral, el actual gobierno había anticipado que en el área de Derechos Humanos se tomarían medidas que cuestionarían lo ya establecido por la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Este proceso judicial, que ha sido reconocido a nivel internacional por sus garantías legales, es una de las piedras angulares de la defensa de los derechos humanos en el país.

No obstante, el negacionismo intentó cobrar fuerza nuevamente. Se ha puesto en duda el número exacto de desaparecidos, se ha intentado resucitar la falaz "Teoría de los dos demonios" y se han mostrado intentos de reivindicar a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno de los momentos más polémicos fue el homenaje en el Senado realizado por la vicepresidenta, donde se recordó a quienes, según su interpretación, eran víctimas de lo que ella calificó como "subversión".

La postura de la actual vicepresidenta, como parte de un sector del gobierno, es respaldada por la apología del terrorismo de Estado y el cuestionamiento de los juicios por la verdad y justicia. En particular, se destaca la reivindicación del Operativo Independencia, una represión ilegal ordenada en 1975 por el Decreto 261/75, firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón, que posteriormente se extendió por todo el país tras el golpe de 1976. Esta operación, centrada en Tucumán y el norte del país, fue parte de un plan sistemático de persecución y exterminio que dejó miles de víctimas de desapariciones forzadas, violaciones y homicidios.

Durante los actos en nuestra ciudad, se expusieron tanto las huellas de la historia como los cuestionamientos contemporáneos sobre la manipulación de la misma. En la Plaza 9 de Julio, una multitud se reunió para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, mientras que en algunos sectores, principalmente vinculados a la política oficialista, la memoria histórica se mostró frágil y manipulada.

Como se destacó en el documento leído en las manifestaciones, "el Poder Ejecutivo, junto con diputados, senadores, gobernadores cómplices y un gran sector de la justicia, tratan de borrar la memoria histórica del pueblo".

"La generación de 1970 es producto de las luchas populares de la generación del 60 donde se fue restaurando organizaciones políticas de izquierda y otras de proyección revolucionaria de origen peronista, demócrata cristiana, social demócrata y de importante adhesión a estos ideales antiimperialistas de algunos grupos religiosos que pagaron con su propia vida su pertenencia al verdadero cristianismo y su integración a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Las y los compañeros dejaron sus privilegios para luchar por los que menos tienen. Por eso reivindicamos sus ideales y decimos que las compañeras y compañeros que mueren por sus ideas son aquellos muertos que nunca mueren sino que viven en el corazón de su pueblo", concluyeron en el documento.

 

Marcha por la tarde

En la tarde se vivió otra movilización significativa, organizada por sectores combativos, independientes, la izquierda y la Red de Derechos Humanos.

A las 17 horas, miles de personas se reunieron en la Plaza 9 de Julio para exigir justicia y recordar a las víctimas de la dictadura. La marcha, que recorrió importantes puntos de la ciudad vinculados a los centros clandestinos de detención, culminó con un acto frente al Cabildo.

A nivel nacional, esta movilización también estuvo marcada por el rechazo al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y sus aliados, y la defensa de los derechos laborales, sociales y jubilatorios. La manifestación dejó en claro que, a 49 años del golpe genocida, la lucha por la memoria y por un futuro sin represión sigue vigente.