La Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, pero que luego entró en un parate debido al acuerdo que Argentina y Bolivia habían firmado sobre asistencia sanitaria recíproca.

“Esta aprobación era un paso necesario para la atención sanitaria provincial. Ya había una ley que se había aprobado en 2019 y que en ese momento había generado un debate importante, con sus alcances y límites.

Había quedado pendiente el hecho deponerla en práctica”, explicó a el diputado Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud en la legislatura jujeña.

“Esa misma ley establecía una base de reciprocidad, por ejemplo con el hermano país de Bolivia. Llegamos a varios acuerdos, pero pasado el tiempo, los mismos no se cumplieron. Eso generó una situación de desigualdad muy fuerte. Hemos visto acá el problema que genera a las provincias como Jujuy que sus ciudadanos tengan que aportar de forma indirecta, mediante el sistema solidario basado en la recaudación de impuestos públicos, para sostener la salud pública. Eso no sucede con los turistas extranjeros o residentes ocasionales”, detalló Gutiérrez.

Las tres provincias

Jujuy se suma a otras provincias que comenzaron a cobrar la atención a extranjeros. El primer caso fue Salta con el decreto de necesidad y urgencia N°129 del 28 de febrero de este año, que estableció que los extranjeros residentes transitorios y precarios, paguen los gastos de su atención sanitaria.

“Con esta medida, se ahorraron más de 30 millones de pesos y la atención se redujo un 90% desde que empezó el decreto hasta hoy. Se atendía a 8.000 extranjeros por mes”, precisó a comienzos de septiembre el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, que había denunciado la existencia de “tours sanitarios” provenientes de Bolivia, Chile y Paraguay para ser atendidos en hospitales públicos provinciales.

Santa Cruz fue la segunda provincia en arancelar la salud a extranjeros. En abril pasado, el gobierno provincial anunció que iba a comenzar a cobrarles a los extranjeros las atenciones médicas en sus centros de salud públicos a los residentes transitorios. Así, la internación en una cama en clínica médica costaba ese mes entre 150 mil y 180 mil pesos por día.

Mendoza fue la tercera provincia, en implementar el cobro por la atención médica a extranjeros en tránsito, turistas o personas con residencia provisoria que se atiendan en hospitales públicos locales.

La medida, que se oficializó a través del Decreto N° 1266, rige desde agosto, donde el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) gestiona estos cobros para asegurar que los costos sean cubiertos.

La reglamentación establece que los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes que hayan nacido fuera del país, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen.