La asociación civil Protectora, dedicada a la defensa del consumidor, ha presentado una solicitud ante la Justicia civil y comercial de Salta, requiriendo una medida cautelar que impida a Edesa incluir la tasa de fiscalización y control del 2% en las facturas emitidas a los usuarios de la provincia, hasta que se resuelvan los aspectos fundamentales de la demanda colectiva interpuesta contra dicha tasa y los intereses moratorios cobrados por la distribuidora.

Daniel Paganetti, apoderado de Protectora, hizo hincapié en que la medida solicitada está estrechamente relacionada con el cobro indebido denunciado en la acción de consumo colectiva presentada previamente. En dicha acción, Protectora solicitó a la Justicia local que declare como práctica abusiva el cobro de la mencionada tasa y de los intereses moratorios aplicados por Edesa a usuarios comerciales y grandes usuarios, excediendo los límites legales establecidos en la ley 24240 de defensa del consumidor.

Paganetti aclaró que la solicitud de medida cautelar no cuestiona el pago regular que Edesa realiza a Enresp, sino el traslado mensual de dicha tasa a los usuarios en las facturas. Destacó que los usuarios no reciben la contraprestación de esta tasa, sino que son las empresas que prestan los servicios concesionados por la Provincia quienes la reciben.

En la presentación realizada, Protectora señaló que el marco normativo establece claramente que son las concesionarias Edesa y Aguas del Norte las responsables de abonar la tasa en cuestión. También destacó que, según un acuerdo entre ambas empresas, Edesa es la encargada de incluir los créditos y cargos en las facturas.

Según el artículo 9 de la ley provincial 6835 y otras normativas relacionadas, las concesionarias están obligadas a pagar anualmente y por adelantado una suma de dinero al Ente Regulador proporcional a las facturaciones del año anterior. Basándose en estas disposiciones legales, Protectora solicitó a la Justicia que conceda la medida cautelar requerida.

Paganetti enfatizó la importancia de respetar los principios éticos en las intervenciones políticas y comerciales, especialmente en el contexto actual. Destacó la necesidad de informar sobre las decisiones y objetivos de estas intervenciones en beneficio del bien común.