
De los casi $104.000 millones destinados al transporte en octubre, unos $102.500 millones van al AMBA. Salta no recibe dinero del Fondo Compensador y sostiene SAETA con recursos propios.
Los números de la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte muestran que el Estado nacional mantiene un esquema de asistencia concentrado en AMBA, mientras las provincias del interior deben financiar sus sistemas urbanos sin el Fondo Compensador que anteriormente contribuía a cubrir sus costos.
El dato de la distribución correspondiente a octubre es brutal: de los $103.860 millones en compensaciones previstos para ese mes, $102.474 millones corresponden a las 103 líneas del AMBA. Es decir, el 98,7% del total. Los $1.386 millones restantes se asignan a 11 líneas urbanas interprovinciales. La diferencia deja en evidencia la concentración territorial de los recursos nacionales.
La misma resolución autorizó el reconocimiento de $38.840 millones por diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre de 2026. Se trata de una deuda que el Estado nacional reconoció a las empresas porteñas alcanzadas por el esquema de compensaciones.
La medida también actualizó los montos mensuales: las transferencias previstas pasaron de $85.390 millones en septiembre a $103.860 millones en octubre y tienen una proyección de $106.651 millones para enero de 2027. El incremento se produjo después de los reclamos empresariales por mayores costos operativos y atrasos en las compensaciones.
Sin fondo compensador
La diferencia con las provincias no es solamente coyuntural. El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor, que durante años distribuyó asistencia entre los sistemas urbanos del interior, dejó de ejecutarse.
En 2023, ese instrumento registró una ejecución de $102.000 millones. En 2024, pese a contar con crédito presupuestario vigente por $95.661 millones, no tuvo ejecución. Para 2025 y 2026, directamente dejó de figurar como partida en el presupuesto nacional.
La consecuencia es concreta: Salta ya no cuenta con ese mecanismo de asistencia para financiar el transporte urbano. El funcionamiento de SAETA depende del esquema de recursos provinciales, que debe cubrir los costos del servicio, sostener las gratuidades y evitar que el peso del financiamiento recaiga exclusivamente sobre los pasajeros.
El gobernador Gustavo Sáenz volvió a cuestionar esta distribución y reclamó igualdad de condiciones para las provincias. El planteo tiene un fundamento fiscal: mientras Nación actualiza las compensaciones de las líneas metropolitanas, los gobiernos del interior deben absorber con sus propios presupuestos el costo de mantener sus sistemas.
Desigualdad
Las compensaciones nacionales se financian mediante el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), alimentado por impuestos a los combustibles, y partidas del Presupuesto General. Es decir, se utilizan recursos de alcance nacional para sostener un esquema cuya distribución favorece ampliamente a los porteños.
Dicho de otra manera: las provincias que también recaudan impuestos y tienen millones de usuarios del transporte público quedaron sin un mecanismo equivalente de compensación.
En Salta, además, el esfuerzo presupuestario tiene un componente adicional: sostener los boletos gratuitos para estudiantes, jubilados y otros sectores beneficiarios, una política que demanda recursos para cubrir viajes que no generan ingresos tarifarios completos.
