Hernán Herrera, integrante del Instituto Argentina Grande, sostuvo en diálogo con Punto Uno, que los recursos que el Estado deja de recaudar por las exenciones de Ganancias, sobre todo los vinculados al Poder Judicial, equivalen aproximadamente a la mitad de lo destinado a obras.

¿Qué representa que el Presupuesto destine apenas el 0,3% del PBI?
- Para nosotros es una decisión política que tiene consecuencias económicas y sociales. La reducción de la obra pública no solamente significa que el Estado construya menos, sino que impacta sobre la actividad privada, la construcción, el empleo y el consumo. La obra pública funciona como un motor que genera actividad y demanda para otros sectores.

¿Cómo se refleja ese recorte en las obras que estaban en ejecución?
- Al inicio del Gobierno había casi 2.400 obras nacionales en ejecución. Para el Presupuesto 2027 quedan contempladas alrededor de 199. Muchas fueron rescindidas y otras transferidas a provincias y municipios. Esto representa un cambio muy profundo en el rol del Estado nacional en materia de infraestructura.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para las provincias?
- Se profundizan las diferencias regionales. Hay provincias que tienen mayores posibilidades de sostener determinadas obras, pero muchas otras no cuentan con los recursos necesarios para reemplazar el financiamiento nacional. Esto puede generar un desarrollo cada vez más concentrado en determinadas regiones y sectores.

¿La reducción de la obra pública está generando más inversión privada?
- Nuestra lectura es que no. Cuando las empresas son consultadas sobre por qué no invierten, una de las principales respuestas es la falta de demanda. Si se reduce la inversión pública y al mismo tiempo cae el consumo interno, se genera un círculo que termina afectando también a la inversión privada.

¿Cómo vincula esto con la situación del empleo?
- Hay una caída del empleo registrado en varias provincias y sectores. La c0onstrucción, la industria y el comercio están directamente relacionados con el nivel de actividad y la demanda interna. Por eso entendemos que el recorte de la obra pública no puede analizarse de manera aislada del deterioro del empleo y de las diferencias que se están produciendo entre las distintas regiones del país.