Para paliar la creciente morosidad en los servicios esenciales, los senadores trabajan en un proyecto de ley que busca prohibir los cortes de energía eléctrica y de agua a las familias vulnerables.
La Comisión de Legislación General mantuvo ayer una reunión de trabajo con el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
El encuentro implicó un avance en la ronda de consultas iniciada tiempo atrás con directivos de EDESA, en un contexto marcado por la difícil coyuntura socioeconómica que vive el país y el consecuente incremento en los índices de morosidad en los servicios que se registran en la provincia. La iniciativa prohíbe en el territorio provincial el corte de suministro, retiro de conexiones domiciliarias y de medidores de energía eléctrica y agua potable a usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Asimismo, establece la suspensión temporal de ejecuciones judiciales por deudas de servicios, fija un período de protección especial durante los meses de invierno (mayo a septiembre) extensible mediante planes de pago y obliga a las prestatarias a ofrecer financiamiento en un mínimo de seis cuotas con tasa pasiva del Banco Nación, contemplando un esquema prioritario para comedores comunitarios, merenderos y centros de jubilados.
Amplio esquema de subsidios
La reunión ampliada fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y por el presidente de la comisión, Dani Nolasco, contando con la participación de los senadores, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Walter Cruz, Daniel Moreno, Juan Cruz Curá, Roque Cornejo, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Luciano Elvira (autor). Por el organismo regulador asistieron su presidente, Carlos Saravia; el vicepresidente, Abdo Omar Esper; el gerente de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos y el gerente Jurídico, Marcelo Careccio.
Diagnóstico
Durante su intervención, Saravia trazó un diagnóstico del escenario tarifario provincial, que comprende a 345 mil usuarios residenciales y 38 mil no residenciales.
Señaló que, según estudios técnicos de la Universidad de Buenos Aires, la incidencia de los servicios esenciales pasó de representar entre el 6% y el 10% de los ingresos de los hogares al 15%, lo que incrementó los índices de morosidad. Asimismo, abordó la problemática de las más de 30 mil familias con conexiones irregulares, cuyo costo se prorratea entre la totalidad de los usuarios. En relación al proyecto en debate, coincidió en la necesidad de atenuar el impacto social, aunque remarcó la importancia de delimitar con precisión técnica el universo a beneficiar para resguardar la estabilidad operativa y contractual del sistema.
Saravia detalló los instrumentos de contención en vigencia, tales como la tarifa de Zonas Cálidas que abarca a 106 mil familias de tres departamentos del norte provincial —con previsiones de ampliarse a ocho departamentos y llegar a 150 mil familias—, más 28 mil subsidios para sectores carenciados y el bono eléctrico para jubilados.
Asimismo recordó que en Salta rige una ley que impide que los incrementos tarifarios superen el índice de inflación (IPC). Al respecto, contrastó que mientras el componente de distribución provincial se actualizó un 17,1% en 2026, el costo de abastecimiento mayorista fijado por la Nación -la compra de energía a CAMMESA- subió más del doble, con un 36,7%; mientras que en el caso del agua, la revisión tarifaria de Aguas del Norte fue fijada en un 47,7% para 2026 frente al 70,5% solicitado inicialmente por la empresa; todo esto en un contexto donde la cobertura de subsidios nacionales cayó del 95% al 65% en el camino hacia un esquema de tarifa plana.
