Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados, se convirtió en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios obtuvieron una nueva victoria parlamentaria.
El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, dividió antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insistieron en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro.
Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que será judicializada por inconstitucional y regresiva ya que, a su juicio, viola los presupuestos mínimos de conservación.
En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual de protección de los glaciares –su importancia hídrica- “no se modifica” con la reforma.
El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué reas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no.
“Hoy el Ianigla (el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología) no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.
“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.
La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.
La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.

Con los tapones de punta

"No podemos darles el corso de este Congreso" Máximo Kirchner se mostró muy opositor a la ley y dejó entreveer que "esta reforma es un complemento de la ley bases y la reforma laboral y hay varios diputados carentes de ideas sanas. Se vienen votando leyes que reducen los presupuestos a las provincias. Esto es un infantilismo pocas veces visto. El poder adquisitivo de la sociedad se aleja cada vez más de las cosas elementales. Los sueldos que pagan las mineras son infinitamente bajos con respecto a sus ganancias", expuso.
Kirchner enfatizó que hay una serie de leyes que sólo benefician al sector más poderoso del país y a empresas multinacionales. "Ahora toca la de los glaciares. El aumento de la producción del litio no se hizo con esta nueva ley. Se hizo con la anterior. Acá hay buenos resultados para un puñado de argentinos, no para la mayoría.