El dato sobre el nuevo golpe que ensaya la administración de Javier Milei, tras dos años cargados de ajustes, surge de cifras que recopiló la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos.

El dictamen de mayoría que el oficialismo consiguió en el Senado para lograr la media sanción de la reforma laboral tiene una “reforma impositiva encubierta” que preocupa mucho a los principales aliados de la Casa Rosada, pero también a los más desconfiados. La eliminación de impuestos reducirá la masa de coparticipación que recibirán las 24 provincias. 

El texto de modernización laboral, el gremio comenzó a indagar los efectos en términos fiscales y elaboró un documento con esas cifras. Allí se plasman las cuentas de cuánto mermaría la recaudación de impuestos por los cambios tributarios y, por lo tanto, cuánto menos dejará de recibir cada provincia. Conforme a la ley 23.548, en la distribución de la masa coparticipable se le asigna a Nación un 40%, un 1% a los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un 59% para las jurisdicciones subnacionales.

En concreto, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta financiera para que el empleador prevea y afronte obligaciones indemnizatorias, implica 3 puntos de la masa salarial. Esto será financiado gracias a la reducción de 3 puntos en contribuciones patronales. Por lo que en las empresas tiene un impacto neutro, mientras que desfinancia al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen público de reparto gestionado por la Anses.

El artículo 163 del proyecto es el que establece la reducción de Contribuciones Patronales de 20,4% a 17,4% para empleadores del rubro servicios y del 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, siempre y cuando tengan trabajadores registrados. Un beneficio para el empleador, pero otra pérdida para la seguridad social.

Se menciona la reducción de Ganancias a sociedades, además de la suma de la derogación parcial de tributos internos, cuya recaudación termina en las finanzas provinciales. Allí se abarcan los de seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo o deportes, y aeronaves. Por eso el gremio concluye que el proyecto que consiguió dictamen en el Senado en 2025 es en realidad una reforma tributaria encubierta y que generará problemas en los ingresos en todas las provincias. Inconvenientes incluso en Nación, que dejaría de percibir, si el proyecto consigue sanción, casi $ 1,2 billones.

El distrito de Axel Kicillof lidera el ranking de los territorios que quedarían golpeados por la reforma, con una pérdida de reembolsos estimada en $ 397.257 millones. En el entorno del mandatario dicen que Milei siempre “hace demagogia con los recursos de las provincias, nunca tocan ningún impuesto que sea de recaudación nacional”.

El puesto 2 es ocupado por Santa Fe, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, con $ 161.673 millones. En el distrito señalan que la coparticipación no es un tema central en la discusión. Porque la clave pasa por generar un proyecto de “modernización que les permita a las pymes sostener los empleos y que muchas personas que hoy están en negro pasen a estar en blanco”.

Un escalón más abajo aparecen Córdoba, cuyo gobernador es Martín Llaryora, que dejaría de percibir $ 160.628 millones; Chaco, con Leandro Zdero al frente y es un aliado electoral del oficialismo, con $ 90.244 millones, y Entre Ríos, gestionada por Rogelio Frigerio, que resignará si el documento se aprueba $ 88.327 millones. El representante del PRO se reunió con Diego Santilli, el ministro del Interior, la semana pasada y prometió respaldo a la iniciativa.

El ranking sigue con dos provincias de sintonía con la Casa Rosada. Una es Tucumán, con Osvaldo Jaldo, que va a perder $ 86.063 millones, y figura Mendoza, cuyo jefe es Alfredo Cornejo, otro aliado electoral de LLA, con $ 75.435 millones. Natalio Mema, el ministro de Gobierno del distrito radical, desmiente esa cifra y habla de que van a resignar $ 60 mil millones.

Los últimos tres puestos del top 10 de la nómina se completan con Santiago del Estero, bajo el comando de Elías Suárez, resignaría $ 74.739 millones; Salta, cuyo líder del Ejecutivo es Gustavo Sáenz, $ 69.338 millones y Corrientes, bajo el liderazgo del radical Juan Pablo Valdés, con $ 67.247 millones.

La Rioja, gestionada por el peronista Ricardo Quintela, se encuentra en estado de alerta ante este proyecto. Frente a la consulta de este medio, remarcaron que “con la posibilidad de esta quita adicional, el panorama es muy complejo.

La Rioja ya fue perjudicada con el Presupuesto 2026 cuando por primera vez en más de 20 años no se incluyen fondos compensatorios por el punto de coparticipación del 88”. Sumados a los $ 37.500 millones que dejarían de recibir si se aprueba la reforma laboral, el gobernador reclama cerca de US$ 1.200 millones por coparticipación que históricamente recibió la provincia y que Milei unilateralmente dejó de enviar a los riojanos desde que asumió la Presidencia.

Por su parte, desde la Ciudad de Buenos Aires, que podría perder $ 44 mil millones, no realizaron comentarios. El proyecto también podría costarle a Formosa $ 65.800 millones y a La Pampa $ 34 mil millones de recursos coparticipables. En el caso de Tierra del Fuego, $ 22.310 millones.

¿Qué dicen en Nación frente a estos números? Relativizan el impacto. Si bien fuentes oficiales reconocen el golpe, aunque no poseen precisiones, al mismo tiempo argumentan que este “costo” es una “inversión para formalizar a los 14 millones de argentinos que hoy están fuera del sistema privado formal”.

El diputado nacional y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, elaboró sus propias proyecciones sobre los ingresos que dejarán de recibir las provincias si se aprueba la reforma laboral en el Congreso. En el escenario más optimista calculó que la merma será de $ 1,7 billones para los distritos, mientras que en el peor podría alcanzar los $ 4,6 billones. La diferencia entre ambos dependerá de la recaudación final y de los componentes que se consideran para el cálculo, como por ejemplo, los quebrantos.

Además, precisó en un estudio propio, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) le quitará al sistema jubilatorio cerca de US$ 4.300 millones con ese 3% que dejará de ir a la Anses. “Quieren desfinanciamiento del sistema social, es volver a las AFJP, pero en cuotas. El efecto de estas políticas es aumentar el desempleo”, sentenció.

El legislador nacional denunció que el documento oficial contiene un componente tributario, que vulnera la Constitución Nacional, en tanto ésta aclara que el origen de la modificación de impuestos debe surgir del Congreso. “Esta reforma laboral es similar a la de la dictadura militar. En ese momento, la tasa de productividad no mejoró y se triplicó la tasa de desempleo”, recordó.