La Cámara Argentina de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa y la Asociación de Industriales Metalúrgicos se manifestaron en contra de cinco artículos del proyecto que busca aprobar el oficialismo.

Los avances llegaron tras un encuentro reservado de sus máximas autoridades la semana pasada, para luego dar inicio a una campaña por ahora en paralelo de gestiones con gobernadores y bloques legislativos destinada a restarle fuerza a la iniciativa del oficialismo.

El encuentro tuvo como protagonistas a dos de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo; a los titulares de la CAME, Ricardo Diab, y de Adimra, Elio del Re, y a un abogado de la CAC por la ausencia de Mario Grinman. Fue en la sede del sindicato de empleados de la industria del vidrio (Seivara.

El punto de contacto inicial entre patronales y sindicalistas es la vigencia de las denominadas “cláusulas obligacionales” que contienen los convenios colectivos y consagran aportes extraordinarios acordados entre las partes.

Para las cámaras mercantiles es el 0,5% del salario inicial de cada empleado con destino al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) mientras que en el caso de Adimra representa el 1% del sueldo de cada operario y financia su estructura.

La confluencia de intereses se plasmó en la reunión en Seivara. Allí los dirigentes se comprometieron a una labor coordinada para esmerilar la reforma laboral ante gobernadores y legisladores. La nota consensuada entre las tres patronales trascendió tras una reunión que la CAME mantuvo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

La mayoría de los dirigentes empresarios se había manifestado en sintonía con algunos aspectos de la reforma laboral que para el Gobierno eran una bandera clave, como la de la denominada “industria del juicio” pero la caída de las cláusulas obligacionales y la reformulación del esquema de negociaciones los convenció de abandonar una postura tradicionalmente antiperonista, sobre todo por parte de las entidades mercantiles.

En el 126 se explica que “limita la ultraactividad (vigencia de los acuerdos más allá del vencimiento de su plazo de vigencia hasta tanto no se renegocien) de los convenios colectivos vencidos únicamente a las cláusulas normativas y excluye las cláusulas obligacionales” y alega que de ese modo “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva, y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.

También objeta el artículo 128 que, en igual sentido, explicita que “los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales”.

Las entidades empresarias cuestionan a continuación los artículos 130 y 131 contemplados en la reforma y que invierten el orden de importancia de las unidades de negociación. En la actualidad las negociaciones y acuerdos firmados entre sindicatos y cámaras patronales de alcance nacional tienen preeminencia por sobre los de menor nivel, ya sea regionales, provinciales o por empresa. Es el sostén principal del modelo sindical argentino al darle fortaleza y centralización a cualquier debate y evitar su atomización. Y que al mismo tiempo le da robustez también a las representaciones patronales de mayor nivel.

Esos artículos “alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo, porque eliminarán la función ordenadora del convenio colectivo de actividad ya que le otorgan prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa, aun cuando el convenio de ámbito mayor sea posterior”.