Comenzó la privatización de rutas nacionales en la gestión de Javier Milei. El proceso no fue sencillo para el Gobierno. Lo anunció el 15 de octubre del año pasado, en una conferencia de prensa del entonces vocero Manuel Adorni, y 13 meses después firmó la primera adjudicación.

Se trata de la famosa “ruta del Mercosur”. Abarca las trazas nacionales 12 y 14, y un tramo de conexión conocido por el puente Rosario-Victoria. Este corredor reviste relevancia comercial, dado que por allí circulan los camiones que trasladan mercaderías hacia socios regionales del país.

A su vez, su más reciente historia incluye un capítulo de tironeos judiciales con su anterior concesionario, algo que pretende quedar atrás con los ganadores de la licitación, las obras prometidas y el nuevo costo del peaje.

“Adjudícase el Tramo Oriental de la citada Licitación a la firma Autovía Construcciones y Servicios“, señala el segundo artículo de la resolución del Ministerio de Economía. Esta empresa forma parte del grupo José Cartellone, una de las constructoras que deberá dividir sus días entre las audiencias de la causa Cuadernos y la administración de una de las rutas más importantes de la Argentina.

El Tramo Oriental de la “ruta del Mercosur” es el que abarca a las rutas 12 y 14. La oferta que este grupo presentó en la compulsa ubicaba al peaje en $3563,45.

El otro tramo del corredor, denominado Conexión, quedó en manos del consorcio conformado por “Obring - Rovial - Edeca - Pitón - Pietroboni”, tal cual resolvió el Ministerio de Economía. Se harán cargo del trayecto que incluye al puente Rosario-Victoria, con una tarifa de $3385,80.

De esta manera, quedaron desestimadas las ofertas de otras viejas conocidas de la obra pública. “Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas Eleprint S.A. – Supercemento S.A.I.C. – Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I.A., y José J. Chediack S.A.I.C.A. – Benito Roggio e Hijos S.A“, contiene la resolución oficial.

Fuentes oficiales explicaron que los ganadores de la licitación tomarán posesión de los tramos “a mediados de diciembre”. De esta manera, los equipos técnicos del Gobierno finalizarán los detalles de la firma de los nuevos contratos para preparar “la entrega de la llave” a las constructoras.

Un punto importante en la implementación de la nueva concesión vial es la entrada en vigencia de las tarifas. Actualmente, los peajes en dicho corredor están “sin cobro”, de acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Transporte. Por lo tanto, su tarifa ascenderá, pero no será inmediatamente.

Fuentes oficiales indicaron que las constructoras podrán cobrar sus respectivos peajes una vez que las rutas alcancen la “transitabilidad óptima”. Es decir, antes deberán realizar obras de pavimento, señalización e iluminación. Cuanto más rápido desarrollen esos trabajos, la llegada de las nuevas tarifas será más temprana.

Costo del peaje

Cuando comience a operar la concesión, los peajes costarán alrededor de $2000, explicaron en despachos oficiales. Y cuando se cumpla con la “transitabilidad óptima” la cifra llegará a las ofertas que las constructoras realizaron en la licitación adjudicada. “Comparado con otras concesiones, es de las más baratas”, analizaron en el Gobierno.

Hasta el momento, “la ruta del Mercosur” está en manos del Estado. Esto último merece un capítulo aparte, porque empezó concesionada por un consorcio de privados, este se la devolvió al Gobierno y ahora la administración del corredor está próximo a volver a empresas.

Esta historia de idas y vueltas lleva directo a la década del 90, cuando el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) se había quedado con el corredor. Tras distintas prórrogas, su vínculo con “la ruta del Mercosur” terminó en septiembre de este año, cuando Vialidad comenzó a administrar dichos caminos. Desde ese momento, se hizo cargo del mantenimiento, a la espera de la resolución de las nuevas concesiones.

Precisamente, el estado de las rutas fue un gran punto de discusión entre Crusa y el Gobierno. Por un lado, los empresarios reclaman que por decisiones estatales su principal fuente de ingreso, el peaje, le significó menos dinero y, en efecto, no ejecutaron las obras comprometidas. Por otro, la gestión libertaria aplicó multas al concesionario, publicadas con frecuencia en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, esas infracciones llegan a al menos $60.000 millones.

En simultáneo, Crusa mantiene una demanda en la Justicia contra el Gobierno, presentada en el fuero contencioso y administrativo, mediante la cual reclama US$300 millones por supuesto incumplimiento del contrato. Esto y las multas son temas judicializados.

En paralelo, el estado de las rutas es otro asunto de análisis. Vialidad Nacional relevó 19.171,3 kilómetros de los casi 40.000 kilómetros de las rutas nacionales. De ellos, el 47,5% alcanzó la calificación de “bueno” (9.098,8 kilómetros), mientras que el 29% la de “malo” (5.565,3 kilómetros) y el 23,5% la de “regular” (4.507,2 kilómetros). Es decir, más de la mitad no está en buen estado.

El futuro más cercano de las rutas no sólo incluye la entrada en vigencia de los adjudicatarios de la concesión de “la ruta del Mercosur”, sino también el desarrollo de nuevas licitaciones. Este mes el Gobierno anunció que trabaja en las compulsas del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas) y del Tramo Pampa de 547 kilómetros sobre la RN 5 (Luján–Santa Rosa).

Por lo tanto, las constructoras volverán a encender sus máquinas y llevarán sus grúas a las rutas para hacer las obras comprometidas. Esto deberá traducirse en una mejora del estado de las rutas, así como también en el aumento futuro del precio del peaje. El proceso de privatización de las concesiones recién empezó.