El Poder Ejecutivo oficializó ayer la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025, aunque su ejecución quedó en suspenso por falta de financiamiento.
La norma -que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026- fue ratificada en el Congreso tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno resolvió condicionar su puesta en marcha a la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto Nacional.
Por qué lo suspendió
El texto oficial justificó la decisión en el “impacto fiscal” que implicaría la creación de nuevas pensiones y programas asociados.
Según cálculos oficiales, la ley demandaría $3 billones en 2025 (0,35 % del PBI), cifra que incluye $2,16 billones por nuevas pensiones por discapacidad., 574.200 millones para el Programa Incluir Salud y $278.323 millones en compensaciones a prestadores.
En 2026, el gasto se elevaría a casi $6 billones, equivalente al 0,59 % del PBI.
Los fundamentos legales
El Ejecutivo citó los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, que obligan a especificar las fuentes de recursos para toda norma que implique mayores erogaciones.
El Gobierno advirtió que el Parlamento “omitió señalar de manera precisa” de dónde saldrán los fondos y recordó que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta ni suficiente”.
El antecedente del veto
A fines de agosto, Milei había vetado la ley mediante el Decreto 534/25. Argumentó que sin previsión presupuestaria se ponía en riesgo la sostenibilidad del régimen de atención.
El Congreso, con una mayoría especial en ambas cámaras, insistió en la sanción original y dejó sin efecto el veto. De esta manera, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución, el Ejecutivo quedó obligado a promulgarla.
La movida paralela
Mientras aguarda que el Parlamento defina el financiamiento, el Gobierno avanzó con una readecuación de fondos. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso un refuerzo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar aranceles de prestadores a partir del 1° de octubre.
Los recursos se reasignaron desde la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, que suele destinarse a compromisos generales del Estado. El objetivo, según el decreto, es “atender gastos urgentes” vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, en respuesta al reclamo del sector.
El decreto de promulgación fue comunicado al Congreso, que deberá definir las partidas necesarias para financiar la emergencia. Hasta entonces, la ley se mantiene en suspenso.
