Los ediles resolvieron de manera unánime y en el marco de una Sesión Especial, excluir de su banca al concejal Pablo Emanuel López, representante de La Libertad Avanza, invocando la causal de “incapacidad moral sobreviniente”.

La resolución se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 183 de la Constitución Provincial y el artículo 19 de la Carta Municipal (Ley N.º 6.534), y ratifica íntegramente el dictamen emitido por la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, órgano que investigó el caso y elevó la recomendación tras el cumplimiento de todas las instancias previstas en el proceso disciplinario.

La medida fue adoptada luego de semanas de tensión institucional y creciente presión social, tras la denuncia pública y judicial de Estela Méndez, expareja del ahora exconcejal, quien lo acusa de abuso sexual, violencia física, manipulación psicológica y explotación económica. Las revelaciones, sumadas a grabaciones y declaraciones que circularon por medios y redes, conmovieron a los salteños y derivaron finalmente en la sanción de exclusión.

Durante la sesión, tomaron la palabra ediles de todas las bancadas. Gonzalo Nieva y Agustina Álvarez Eichele (Juntos por el Cambio); Eliana Chuchuy, Gustavo Farquharson, Guillermo Kripper (Todos de Vamos Salta); Malvina Gareca (Salta Para Todos); Laura Jorge Saravia (La Libertad Avanza); Ángel Ortiz (UCR); Martín Del Frari (Salta Federal); José García, Gonzalo Corral y Belén Mamaní (YP), expresaron su postura frente al dictamen, coincidiendo en la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar la integridad institucional.

El propio Pablo López también hizo uso de la palabra, intentando defenderse de las acusaciones, aunque sus argumentos no lograron revertir la decisión ya tomada.

“Vengo aquí porque no tengo nada que esconder, me declaro inocente y eso lo voy a demostrar en la Justicia, que es donde corresponde”, expresó López ante sus pares antes de retirarse del recinto. El edil sostuvo que tiene la “tranquilidad de alguien que sabe que no ha cometido ningún delito” y remarcó: “Puedo venir, poner la cara y dar explicaciones si es necesario, como ya lo he hecho en comisión”.

“No se ha respetado el debido proceso ni mi derecho de defensa”. Por esa razón, aclaró que no convalida la decisión que pueda surgir del cuerpo legislativo y dejó asentado que acudirá al ámbito judicial: “Seguramente recurriré a la Justicia”.

La resolución aprobada será notificada a la Secretaría Administrativa del cuerpo legislativo y al Tribunal Electoral de la Provincia, que deberá designar al reemplazante.

La denuncia de Estela Méndez

Estela Méndez en declaraciones radiales describió con crudeza una serie de abusos sufridos durante su relación con López. Según su testimonio, fue víctima de agresiones físicas, coerción sexual, manipulación económica y psicológica, y una sistemática violencia institucionalizada desde el espacio político que ambos integraban.

“Me golpeó contra una pared, me rompió un buzo. Eso también está en la justicia. Me manipulaba, me grababa, difundía fotos sin mi consentimiento. Hasta me descontaba dinero de mi sueldo como forma de castigo o chantaje sexual”, denunció.

Uno de los puntos más graves revelados por Méndez involucra a la actual diputada nacional Emilia Orozco, también referente de La Libertad Avanza, a quien acusa directamente de encubrimiento. “Yo la encaré en una reunión en casa de Carlos Zapata. Le quería contar lo que me estaba pasando. Pero me dijo que había que cuidarlo a Pablo, que tenía futuro”, expresó la denunciante.

Según Méndez, no solo fue ignorada sino desacreditada dentro del partido: “Decía que era una loca, que había que tenerme cortita. Nunca me preguntó qué había pasado. Nunca me escuchó”.

En su relato, Méndez afirmó haber grabado amenazas directas de López: “Me decía que me iba a sacar a patadas a la calle, que iba a inventar cosas sobre mí. Me amenazaba con que iba a hablar con Emilia. Ella era su escudo”, relató en Infinito FM.

Lo más llamativo del caso, según sostiene Méndez, fue la completa indiferencia de los dirigentes de su propio espacio político. “Nadie del partido me llamó. Nadie me ofreció contención. Esperaba que hicieran algo, que lo pararan. Pero no. Me sentí sola. Abandonada”.

Las declaraciones públicas de Méndez motivaron que diversas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y agrupaciones políticas exigieran celeridad en el proceso de remoción y acompañamiento a la víctima. La presión social se tradujo en pedidos formales y manifestaciones, que finalmente desembocaron en la decisión unánime del Concejo.

La resolución del Concejo marca el fin de la carrera institucional de Pablo López, al menos por el momento.

Por su parte, la investigación judicial continúa su curso. La fiscalía trabaja sobre los elementos aportados por la denunciante, incluidos audios, fotografías, registros de llamadas y testimonios. No se descarta que en las próximos días se produzcan novedades.