En una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante resolvió rechazar la renuncia presentada por el concejal libertario Pablo López, denunciado por violencia de género de índole sexual.
A su vez, se activó la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, con el objetivo de investigar a fondo su conducta y evaluar su posible exclusión del cuerpo legislativo.
La decisión se tomó durante la 1° Sesión Especial del año, en la que se abordó de manera exclusiva la situación del edil, quien no estuvo presente en el recinto al momento del tratamiento de su caso. El escándalo, que involucra a un representante de La Libertad Avanza (LLA), derivó en un fuerte cruce político entre concejales, quienes discutieron no solo la procedencia de la renuncia sino también la responsabilidad institucional frente a las denuncias públicas.
La nota de renuncia enviada por Pablo López fue leída durante la sesión. En ella, el concejal argumentó sentirse víctima de una "persecución política" y denunció haber sido objeto de "hostigamiento", sin hacer referencia directa a las acusaciones de violencia. Esta postura generó malestar entre varios ediles, quienes cuestionaron no solo el contenido de la renuncia sino también la decisión de no asistir a defenderla en persona, en un contexto de fuerte exposición pública y gravedad institucional.
Pedido de investigación
Uno de los primeros en tomar la palabra fue el concejal Gonzalo Nieva, quien solicitó formalmente que se active la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial. “Hay que hacer una distinción entre lo que es la renuncia propiamente dicha y lo que representa la investidura del cargo”, expresó. Además, remarcó que la gravedad de los hechos amerita una investigación institucional exhaustiva.
Nieva sostuvo que “ante la fundamentación de la renuncia, donde el concejal habla de persecución y hostigamiento, es necesario que el Concejo arbitre todos los mecanismos necesarios para determinar responsabilidades”. Según su planteo, aceptar la renuncia en estas condiciones implicaría eludir una responsabilidad pública ante un caso que ya tomó estado público.
Silencio en LLA
En un tono más enfático, el concejal Gustavo Farquharson apuntó directamente contra Pablo López y su espacio político, La Libertad Avanza. “Lamento que ningún referente del partido se haya solidarizado con la denunciante”, expresó, y cuestionó la actitud del excandidato a gobernador y referente nacional del espacio, Alfredo Olmedo.
“Hay un referente que habló de que el concejal cometió un error. Hay que decirle que la violencia no es un error, es un delito, y es grave que su partido no haya activado los mecanismos preventivos”, remarcó Farquharson. Además, pidió que la institución tome una medida ejemplificadora que marque un precedente claro en este tipo de situaciones.
Tras más de una hora de debate, el cuerpo legislativo resolvió rechazar la renuncia de Pablo López, bajo el argumento de que no puede aceptarse mientras no se lleve adelante el proceso correspondiente ante la comisión investigadora. Con esta decisión, el Concejo Deliberante busca dejar en claro que no se permitirá que un funcionario escape de un proceso institucional mediante la renuncia unilateral, especialmente en contextos de denuncias por violencia de género.
La activación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial representa el primer paso hacia una eventual remoción del concejal, si se comprueba que incurrió en conductas incompatibles con la función pública.
Una señal política
La decisión del Concejo marca un momento en el contexto político local. El caso de Pablo López no solo interpela a la dirigencia política, sino también a los partidos, que deben fijar postura frente a situaciones de violencia y abuso dentro de sus filas.
En un escenario atravesado por debates sobre el rol del Estado, la transparencia y la integridad pública, el rechazo a la renuncia es sin duda un intento de reafirmar la responsabilidad institucional frente a los casos de violencia de género, más allá de las disputas partidarias.