El Congreso aprobó por unanimidad la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses, tras la devastación que dejaron las intensas lluvias de los días 7 y 8 de marzo, obligando al gobierno nacional a destinar partidas extraordinarias para la asistencia y la reconstrucción.

Sin un monto fijo, se creó una "mesa de trabajo conjunta" entre Nación, provincia y municipios para definir la cifra que alivie el desastre mientras la gente sigue sacando barro de sus casas con baldes.

La emergencia, que tendrá una vigencia de 90 días prorrogables, prevé la implementación de créditos con tasas bonificadas para afectados, la suspensión de juicios y ejecuciones, exenciones impositivas y regímenes especiales de pago. En medio de la incertidumbre, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que se necesitarán 400 mil millones de pesos para paliar los daños.

La declaración fue aprobada de manera unánime en un contexto legislativo marcado por constantes bloqueos y enfrentamientos políticos. “Por fin, después de días de silencio, visitas exprés y frases para el olvido, el Congreso se puso de acuerdo”, se destacó en los discursos, dejando claro que, en estos tiempos de insultos y contiendas, el consenso es una rareza.

Poco antes de la sesión, el presidente Javier Milei visitó Bahía Blanca. Sin embargo, su arribo estuvo marcado por la frialdad y la distancia: escoltado y sin acercarse a los vecinos, Milei solo pudo escuchar desde lejos el clamor de quienes han perdido no solo bienes, sino también parte de su esperanza.

Uno de los discursos más conmovedores se dio en la Cámara de Diputados. La diputada Karina Banfi, oriunda de Bahía Blanca, relató entre lágrimas: “Nos tapó el agua. Algunos perdieron cosas, otros lo perdieron todo. Y otros, la vida”.

Además, Banfi enfatizó: “El agua va a bajar, pero va a quedar el olor a humedad mezclado con olor a mierda”.

Estas palabras reflejan la crudeza de la situación y evidencian el desencanto de la ciudadanía frente a la respuesta estatal, que se muestra insuficiente y tardía.

La Iglesia alzó la voz

En medio del caos, la Conferencia Episcopal Argentina lanzó un contundente llamado de atención a la dirigencia política. En un comunicado, la secretaría general manifestó: “Existe otra realidad que no podemos ignorar”. La Iglesia expresó su profundo dolor por la tragedia que golpeó a Bahía Blanca, subrayando la urgencia de poner en el centro a la persona y su dignidad. “La voz de la gente es desgarradora: ‘¡Perdimos todo!’”.

El mensaje eclesiástico resaltó la importancia de orientar las políticas públicas hacia la protección de los más vulnerables, recordando que el compromiso colectivo es la llave para rescatar y mantener encendida la llama de la esperanza.

Deficiencia crítica

La tragedia de Bahía Blanca pone en evidencia otra deficiencia crítica: la inoperancia de la red hidrométrica de la provincia. Aunque existe la ley 14.520, creada tras la inundación de La Plata en 2013 que cobró la vida de más de 89 personas, el organismo encargado de recopilar datos hidrológicos no cumple con su función.

El bloque de la Coalición Cívica presentó un pedido de informes dirigido al gobernador Axel Kicillof, exigiendo acceso público a la información sobre recursos hídricos. Como afirmó la diputada Romina Braga, “la ley está lejos de cumplirse: no hay un banco de datos hidrológico de la provincia, ni ningún sistema de alertas”.

Marcelo Díaz, exdiputado y autor de la norma, recordó que “cabe consignar que a partir del año 1957 se comenzó a diseñar una red hidrométrica en toda la Provincia”, pero hoy en día, la falta de actualización y coordinación resulta alarmante.