El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, redobló la apuesta del Gobierno ayer y habló de "golpe de Estado" al referirse a la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso de la Nación, la cual recordó que "estas manifestaciones van a ser reprimidas".

En ese sentido, aseguró que hay partidos políticos que "buscan desestabilizar el poder con actos de violencia que generen consecuencias" y advirtió: "No van a conseguir alterar el orden público que hemos restituido con mucho esfuerzo".

“Yo creo que hay grupos de la política que intentan sin duda desestabilizar a un Gobierno que viene dando señales muy claras de mejoramiento de la economía destrozada que dejaron años de gobierno kirchneristas. Un Gobierno que está tratando de enderezar los números de la Argentina y finalmente generar estabilidad económica, crecimiento etc.", señaló el funcionario en un primer momento, para luego analizar que como "no encuentran resquicio, ¿qué se les ocurre?, la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados”.

Para Francos, la movilización en el Congreso en defensa a los jubilados fue "totalmente organizada al grito de que se vayan todos y en definitiva lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”. Según el funcionario, “no encuentran un elemento para poder cuestionar un Gobierno que están dando soluciones y con el cual la mayoría de los argentinos está de acuerdo después de lo heredado y buscan este camino, desestabilizar a partir de la utilización de la violencia y la represión policial, que corresponde para mantener el orden”.

Accidente no previsto

El funcionario hizo referencia en la entrevista con Radio Mitre al ataque que sufrió Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido por las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados e hinchas y lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. "Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario, porque no conozco los detalles en qué sucedió. Trataremos de esclarecer el hecho", señaló Francos en un primer momento. Para luego calificar lo ocurrido como un "accidente no previsto" e indicar que "este tipo de episodios a veces generan estas consecuencias".

"La policía no le tira a una persona un gas lacrimógeno, la tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos, para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación de estas genere un accidente lamentable".

El contrapunto

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a los incidentes en el Congreso y zonas cercanas tras la marcha de jubilados. “Me solidarizo con todos los heridos, tanto policías como los que fueron a manifestarse”, dijo la funcionaria desde San Nicolás de los Arroyos.

Rodeada de periodistas y micrófonos, Villarruel dijo: "Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió, a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la Justicia".

“Me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar como de quienes son las fuerzas federales, que ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia", completó.

Por último agregó que espera "que esto pueda ser resuelto como suceden las cosas en democracia". Al ser consultada si cree que se trata de ataques contra el Gobierno, respondió: "No, creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para defender causas". Sus dichos los expresó desde la Expoagro en san Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Bullrich le pidió a Chiqui Tapia expulsar hinchas que marcharon

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa tras la represión a la marcha de jubilados en las inmediaciones de Congreso. Sobre lo ocurrido, la funcionaria nacional afirmó que los manifestantes fueron "preparados para matar" y también instó al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, a que eche "a todos los que están asociados a los clubes que hayan participado de esta marcha y que estén identificados".

Además, la responsable de la cartera de Seguridad exigió a los clubes del fútbol argentino a que repudien los hechos ocurridos en el Congreso y adelantó que está "a punto de salir una ley anti-barras, para ir directamente a la prohibición total y absoluta de la figura de las barras".

Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar ayer al mediodía, Bullrich defendió el accionar de las Fuerzas de Seguridad durante la marcha de jubilados e hinchas autoconvocados en el Congreso, en reclamo por una mejora de los haberes jubilatorios. Sobre los episodios de violencia, la funcionaria aseguró: "Vinieron preparados para matar. Venían a todo, a tomar el Congreso. Secuestramos armas de fuego, armas blancas, dos tipos de miguelitos (clavos) para pinchar las gomas de los patrulleros".

En este sentido, la ministra instó al presidente de la AFA a echar a todos los hinchas que hayan participad de la manifestación. "Tienen que salir a decir que van a echar a todos los que están asociados a los clubes que hayan participado de esta marcha y que estén identificados, no solamente ponerle nosotros el derecho de admisión, los tienen que echar", exigió.

El Gobierno apuntó contra la jueza Karina Andrade

Tras los disturbios en Congreso, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Ante esto, desde el gobierno de Javier Milei cuestionaron fuertemente la medida. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina".

Desde la Casa Rosada la acusaron de “militar la impunidad” y dijeron que pedirán una investigación sobre su actuar en el Consejo de la Magistratura.

Asimismo, el gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Karina Andrade, por ordenar la liberación de los detenidos durante la marcha de los jubilados. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la medida se basa en un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada.