En el marco de una sesión especial convocada para ka mañana de hoy, los legisladores debatirán la intervención del Municipio de Coronel Juan Solá, conocido como Estación Morillo, tras el escándalo de corrupción que involucra al intendente Atta Miguel Gerala y su entorno. La medida, solicitada por el gobernador Gustavo Sáenz, responde a graves irregularidades incluyendo el robo y contrabando de rieles, así como el uso indebido de recursos públicos.

La intervención, propuesta por el Gobernador Gustavo Sáenz, fue formalmente comunicada a la Cámara Alta el 18 de noviembre. En la resolución de convocatoria, se destaca la urgencia de la medida, ya que la situación que atraviesa el municipio reviste carácter de emergencia y requiere un tratamiento inmediato por parte del Senado.

La medida se toma luego de que el fiscal Eduardo Villalba imputara al jefe comunal de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala, por los delitos de malversación de fondos públicos, lo que motivó la decisión del Poder Ejecutivo. En este contexto, la intervención del Ejecutivo municipal busca garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública en el municipio y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos.

Cabe recordar que este no es el primer caso de intervención en la provincia desde que Gustavo Sáenz asumió como Gobernador en 2020. De concretarse la intervención, Coronel Juan Solá sería el cuarto municipio intervenido por la gestión provincial en los últimos cuatro años.

La convocatoria a esta sesión especial se basa en el artículo 15 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, que establece los procedimientos y condiciones para la realización de sesiones extraordinarias ante situaciones de urgencia como la que atraviesa el municipio de Coronel Juan Solá.

En caso de aprobarse, el Ejecutivo provincial asumirá temporalmente el control del municipio, en un contexto muy delicado.

El inicio

La investigación comenzó el 23 de agosto del año pasado, a raíz de una denuncia realizada por personal de Correo Argentino. La entidad reportó como sospechoso el envío de más de 480 cubiertas, que se encontraban en encomiendas de transporte, las cuales eran comercializadas por el empresario Medina. Este individuo ya tenía antecedentes por encubrimiento de contrabando, lo que llevó a las autoridades a focalizar la investigación sobre sus movimientos.

A medida que avanzaban las pesquisas, se descubrió que Medina no solo estaba involucrado en el contrabando de neumáticos desde Bolivia, sino que también participaba en el tráfico ilícito de material ferroso. Los rieles robados del Ramal C-25, que va entre las localidades de Padre Lozano y Morillo, fueron identificados como parte del material que se exportaba de manera ilegal, especialmente hacia Bolivia, donde compradores ya establecidos recibían los productos.

Investigación y participación del hijo del intendente
En julio de 2024, la fiscalía recibió una denuncia que vinculaba directamente al hijo del intendente con el robo de rieles. Tras un análisis exhaustivo de comunicaciones telefónicas, se confirmó que el hijo del jefe comunal estaba en contacto constante con el proveedor de los rieles robados. Además, las investigaciones señalaron que los rieles sustraídos pasaban por fincas privadas en el límite fronterizo, desde donde el material era enviado a Bolivia.

Los allanamientos realizados en los primeros días de noviembre revelaron que una parte de los rieles robados estaba resguardada en predios municipales, e incluso en la casa del propio intendente, donde se secuestraron 15 rieles valorados en aproximadamente 19 millones de pesos. El fiscal apuntó a que el intendente Gerala participó activamente en la organización del robo, al facilitar maquinaria municipal y vehículos para la operación delictiva.

Malversación y corrupción
La fiscalía también detalló cómo los Gerala, en conjunto con otras personas vinculadas al poder local, utilizaron recursos del municipio para llevar a cabo el saqueo de los rieles. La organización criminal aprovechaba la mano de obra de comunidades originarias de la zona, quienes participaron en el robo y el traslado del material.

El fiscal resaltó la grave responsabilidad del intendente, al ser un funcionario público que abusó de su poder para cometer delitos que afectan el patrimonio del Estado. Se comparó el accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, señalando que en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado fueron los motores de la corrupción.

Prisión preventiva y situación judicial
El fiscal solicitó la prisión preventiva para el intendente, bajo la modalidad de arresto domiciliario, argumentando el riesgo de que el acusado entorpeciera la investigación, especialmente debido a su influencia en la comunidad. Además, advirtió que los delitos imputados podrían llevar a una pena de al menos 5 años de prisión, excluyendo la posibilidad de una condena condicional.

Por su parte, la defensa del intendente, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal pero se opuso al arresto domiciliario, asegurando que Gerala estuvo a derecho en todo momento y negando su vinculación con los hechos imputados. El intendente, por su parte, rechazó las acusaciones y afirmó que demostrará su inocencia.

El juez encargado de resolver la situación coincidió con la fiscalía, considerando que el intendente tuvo un papel crucial en la ejecución de los delitos. En su resolución, destacó que, debido al arraigo del acusado y su larga trayectoria en la política local, no se podía permitir que su influencia siguiera condicionando.