El Senado de la Provincia de Salta debatirá hoy un proyecto de ley para que los jueces y funcionarios de la provincia puedan ser despojados de sus fueros ante posibles casos de juicio político.

La iniciativa llega luego de que el gobernador Gustavo Sáenz se mostrara en contra de estos beneficios para los políticos.

El senador por Chicoana, Esteban D’Andrea presentó el proyecto para su reglamentación, buscando que legisladores pierdan inmunidad. “Los fueros tienen un fin y el tema es como se usa”, dijo, y agregó que “el objetivo central es garantizar que todas las personas estén en igualdad de condiciones”.

Según explicó D'Andrea, el propósito es permitir que los procesos judiciales avancen sin restricciones indebidas, "salvo en el caso de detenciones o prisiones", que requerirían la aprobación legislativa. En sus propias palabras, D'Andrea indicó que la reforma busca "clarificar y agilizar los procesos judiciales en general, especialmente aquellos en los que los funcionarios se amparan en el fuero para evadir la acción de la justicia".

El proyecto precisó que busca que un legislador, funcionario provincial o magistrado, puedan ser sujetos a desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, si así lo decide un tribunal competente. El mismo podrá efectuar todos los actos procesales que prevean las normas vigentes hasta la total conclusión del proceso.

En diálogo con Punto Uno, la ex senadora nacional Sonia Margarita Escudero brindó su perspectiva sobre la propuesta. Antes que nada aclaró que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio, sino una protección para los legisladores, garantizada por la Constitución Nacional. "Se trata de una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo. La idea inical es mantener la división de poderes, evitando que los miembros del Congreso sean encarcelados por cuestiones políticas", explicó Escudero.

Escudero detalló que, según el artículo 69 de la Constitución Nacional, los legisladores solo pueden ser arrestados "si son sorprendidos en flagrante delito". "Este derecho está garantizado por la Constitución, y establece que un diputado o senador solo podrá ser arrestado si se lo sorprende in fraganti cometiendo un delito", puntualizó.

A continuación, hizo un breve recorrido histórico sobre el origen de los fueros. "Los fueros son privilegios que surgieron en las monarquías parlamentarias de Europa para proteger a los parlamentarios de las represalias del poder ejecutivo. La inmunidad no es absoluta: sí se puede arrestar si se encuentra al legislador cometiendo un delito grave", señaló.

Escudero también destacó que en la provincia de Salta, la Constitución local es "muy generosa" al extender los fueros no solo a los legisladores, sino también al gobernador, al vicegobernador, a los jueces, a los miembros del Ministerio Público y a los auditores generales. "Es una generosidad de nuestra Constitución. En Salta, los fueros exceden el ámbito legislativo y se extienden a otras figuras del poder público", subrayó.

Además, destacó que, a su juicio, "la inmunidad de arresto ya no tiene sentido en el contexto actual". Para Escudero, la obligación de presentarse ante la justicia si es citado a indagatoria "debería prevalecer sobre cualquier tipo de inmunidad". “El privilegio de la inmunidad de arresto no debe extenderse a los procesos judiciales. Los funcionarios deben ser investigados, y el proceso de investigación debe avanzar sin obstáculos”, añadió.

Escudero se refirió también a la confusión común entre inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. "Existen falsas interpretaciones de que los fueros protegen a los funcionarios de ser investigados. Esto es incorrecto. La inmunidad de arresto no implica inmunidad de proceso. Un legislador o funcionario puede ser investigado, pero no puede ser detenido sin una autorización expresa de la Cámara correspondiente", explicó.

En cuanto a la polémica que genera la protección del gobernador y otros funcionarios, Escudero señaló que "existe la falsa idea de que al gobernador no se lo puede investigar. Esto es incorrecto. El gobernador puede ser investigado, pero no puede ser arrestado sin el acuerdo del poder legislativo".

Escudero también se refirió a la creciente demanda social de una mayor transparencia y rapidez en la justicia. "La ciudadanía está exigiendo una justicia más transparente y ágil. No se puede tolerar más que los funcionarios usen los fueros como una excusa para evadir la justicia", opinó. Según ella, el proyecto de reforma de los fueros refleja el clamor popular por una justicia más equitativa.

La ex senadora consideró que la propuesta de eliminar o reducir los fueros podría ser un paso importante para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. "Los fueros, cuando se usan de forma desmedida, se convierten en un privilegio que genera desconfianza entre los ciudadanos. Los funcionarios son servidores del pueblo y deben actuar bajo las mismas leyes que los demás", enfatizó.

Los fueros son una garantía del debate legislativo

Por otro lado, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta, también entrevistado en Punto Uno, dijo:“al buscar reglamentar la inmunidad de proceso, creo que deben garantizarse la inmunidad de opinión y de arresto”, afirmó.

Para el letrado, estas garantías siguen siendo necesarias en el contexto actual, marcado por una profunda degradación del proceso político. “Proteger a los legisladores con garantías constitucionales son garantías bien puestas porque hay peligros latentes todavía. Pero eso no quita que se puedan discutir los privilegios de la política", sostuvo. Además, sugirió que el verdadero desafío radica en agilizar los mecanismos de desafuero en las cámaras legislativas para que los legisladores puedan someterse a procesos judiciales de forma más expedita en caso de ser necesario.