Tras más de nueve meses de idas y vueltas, el Senado destrabó el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) y aprobó modificaciones a la ley, que vuelve en segunda revisión a Diputados. 

Durante la votación en general, el proyecto recibió 39 adhesiones y 30 votos en contra. El rechazo fue del Frente de Todos, interbloque que comanda el formoseño José Mayans. Luego se pasó a la definición en particular, que continuó por un sendero similar y los cambios a la ley serán informados en las próximas horas a Diputados. Lo ocurrido significa un pequeño logro del oficialismo, la oposición dialoguista y, en particular, de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que quedó relegado por la más que delicada sesión que realiza la Cámara alta.

Según lo votado anoche, el modelo propuesto es el mendocino que se inspiró en el de Córdoba. Ambos distritos efectuaron varios comicios sin problemas y utilizan una sola papeleta para todo. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo en el Senado, el de la provincia cuyana presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.

Para la definición de esta cuestión fueron importantes las impresiones que el Gobierno proveyó al senador del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien se encargó de preparar un texto final. De hecho, el legislador explicó al detalle los cambios consensuados sobre un dictamen de mayoría que se encontraba frenado desde el último período estival.

La iniciativa de BUP no tendrá la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que el proyecto del Congreso no tiene para las PASO. Un pedido de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores -no massistas-, que fueron claves junto a otros senadores para blindar el texto en cuestión.

Otros ítems considerados apuntan a la duración de las campañas, que se ampliarán de 50 a 60 días, junto la presentación de listas 70 días antes de las PASO, en vez de 50; y la conformación de alianzas, que pasará de 60 a 80 días antes de los comicios.

Debate

“La boleta única hace un aporte importante para consolidar y fortalecer el sistema democrático de la Argentina. Garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir. Además, que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral. La equidad tiene que ver con que todos partidos políticos compitan en igualdad de condiciones. Todos tienen la misma porción y espacio para que puedan ser identificados por el elector”, aseguró Kueider como miembro informante.

Seguido a ello, el entrerriano dio un dato abrumador. En ese sentido, dijo: “Para tener dimensión, el 79% de los países del mundo vota por un sistema de boleta única y un 20%, por el sistema francés. En Latinoamérica, sólo la Argentina y Uruguay están en eso y el resto lo hace a través de boleta única; incluso, algunos aplican la vía electrónica”. También recordó que en las cárceles nacionales ya se aplica la BUP.

“Estamos ante un acontecimiento histórico y no debemos dejar pasar esta oportunidad”, reflexionó Kueider, que además relató algunas observaciones -no menores- realizadas por la justicia electoral sobre el proyecto que vino de Diputados. Si la Cámara baja prefiriese insistir con su versión original, la norma tendría inconvenientes.

También apuntó sobre ello Silva, que destacó la forma “sencilla y muy manejable” de la mecánica mendocina, y dejó atrás su dictamen de minoría que se direccionaba al de Santa Fe, con papeleta individual para cada cargo en juego. La rionegrina también dejó en claro que, con la quita del casillero para votar lista completa, “queda salvada la desigualdad a la que hubiéramos estado sometidos los partidos provinciales”.

Desde el Frente de Todos, el peronista Pablo Bensusán (La Pampa) manifestó su rechazo al proyecto y advirtió: “Una reforma de esa magnitud requiere un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, un cuidadoso estudio del diseño del nuevo instrumento, una pormenorizada planificación de su implementación, y una amplia campaña de información e instrucción para la ciudadanía y para todos los actores implicados en el proceso electoral”.