La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que hayan recibido “algún tipo de requerimiento” para investigar la presunta llegada de refugiados bolsonaristas al país, en el marco de las investigaciones que lleva adelante la Policía Federal de Brasil acerca de la fuga de varios ciudadanos hacia Argentina, quienes habrían estado involucrados en el ataque del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto, la sede de la presidencia de Brasil.
Aquel ataque fue denunciado como un intento de golpe de Estado contra el, por entonces, presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
Bullrich, próxima a visitar la provincia de Salta, sostuvo en declaraciones al programa Sábado tempranísimo en Radio Mitre que “no hay alertas rojas sobre estas personas” y aclaró que “una cosa es que Brasil las pida y otra que tengan un proceso o una condena para solicitar una extradición”.
“Para eso debe haber pedidos oficiales de Cancillería de Brasil o pasar por Interpol para que tenga un marco legal”, agregó Bullrich, quien insistió con que no hay pedidos al Gobierno argentino.
El medio brasileño O’ Globo informó que al menos son 65 los implicados que habrían cruzado la frontera argentina, en el marco del megaoperativo Lesa Patria que lanzó la Policía de Brasil con el que busca capturar a 208 personas condenadas o investigadas por su participación en los atentados.
Los prófugos habrían atravesado la frontera argentina por diversos medios: a pie, escondidos en baúles de vehículos particulares o por el río Paraná. “Estamos trabajando en el control de los pasos fronterizos como Puerto Iguazú o el Cristo Redentor, en relación a prevenir cualquier ataque terrorista en la zona”, agregó la ministra.
En el contexto del operativo, las autoridades consiguieron capturar a 49 de los buscados en 18 estados brasileños. La periodista Bela Megale informó que el gobierno de Lula da Silva facilitará estos datos al Supremo Tribunal Federal (STF) para que emita las correspondientes órdenes de extradición, tarea que recaerá en el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), vinculado al Ministerio de Justicia.
El fiscal general de la República, Paulo Gonet, solicitó en mayo al portal UOL que los prófugos fueran incluidos en la notificación roja de Interpol. La asociación de víctimas y familiares del 8 de enero (ASFAV) y varios diputados brasileños como Julia Zanatta y Marcel Van Hattem participaron en eventos en Argentina, denunciando la “dictadura” de Lula y apoyando la idea de una amnistía para los manifestantes detenidos.
