La mayoría oficialista que integra la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó los diez contratos que el Estado argentino suscribió con distintos laboratorios para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones.

“El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno, durante la emergencia, para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma conforme lo pactado en los contratos”, plantearon los auditores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez.

Las declaraciones aluden al cuestionado rechazo por parte del Gobierno a la oferta presentada en su momento por Pfizer para la provisión de 13,3 millones de dosis en pleno brote de la pandemia. También refieren a los incumplimientos contractuales por parte del laboratorio AstraZeneca, que no hizo las entregas comprometidas.

Los auditores oficialistas Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández insistieron en que, por tratarse de una auditoría “de cumplimiento” de los contratos, el alcance del control debía ser limitado, es decir, sólo ceñirse a las formalidades contractuales. Con esos argumentos justificaron que el informe se mantenga en reserva en virtud de las cláusulas de “confidencialidad” incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios.

La oposición refutó los planteos oficiales mencionando que la ley de vacunas aprobada a fines de 2020 no impone el secreto sobre toda la labor de auditoría sino solo en lo referido a las cláusulas expresamente confidenciales. Estas cláusulas son las que describen aspectos propios de la negociación entre las partes y detalles técnicos de la vacuna.

“La decisión de declarar reservado este informe es, a mi juicio, infundada y perjudicial. Estamos afectando la promesa de la democracia, que es la transparencia, y el derecho de los ciudadanos a comprobar las decisiones de sus autoridades”, agregó el presidente del organisdmo.

También expresaron críticas desde la Fundación Poder Ciudadano, que lleva adelante un seguimiento sobre el proceso de compra, distribución y aplicación de las vacunas Covid-19. “Esta reserva del Informe de auditoría se constituye como un obstáculo más al control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno en lo relacionado a la pandemia e implica una interpretación extensiva de las excepciones de la ley nacional de Acceso a la Información Pública que no fue suficientemente fundamentada en esta clasificación de reserva”, expresaron. Poder Ciudadano publica sus estudios en su sitio web (https://vacunas.poderciudadano.org).