Un largo camino de decepciones llevó a que en Argentina surja un liderazgo con características autocráticas, a 40 años de la restauración de la democracia, tras el oscuro y terrible período de la dictadura cívico militar.

Por Pablo Borla

Los lectores habituales de estas columnas me han visto advertir que Javier Milei venía a imponer una versión aggiornada del “l'état c'est moi” de Luis XIV de Francia y que los intereses de las multinacionales de bandera de los países centrales harían que estas democracias miren para otro lado.

No se trata de pecar de ingenuos: sabemos en que mundo vivimos. Pero también debería saberse que la autocracia en un país de la trascendencia geopolítica de Argentina significa un mal precedente, no tanto por ese sentimiento tan autóctono de sentirnos ombligo del mundo, como por la importancia que tenemos para Brasil, una de las principales economías mundiales.

Recientemente Milei anunció el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga numerosísimas e importantes leyes, muchas de las cuales son conquistas sociales.

Más allá de las noticias que hablan de una modificación del decreto final, o de su posible fragmentación, pongo énfasis en su forma, más allá de su fondo.

La Ley vigente especifica que un DNU puede emitirse cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.

No es el caso, más allá de que pueda argumentarse débilmente de que el estado de la economía lo amerita.

Por ello, se presentó una acción de amparo, que fue admitida, que busca la declaración de inconstitucional de la medida firmada por el presidente, ya que podría existir una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

En declaraciones públicas, el destacado constitucionalista Andrés Gil Domínguez declaró que el “decretazo” de Milei “implica una reformulación total del sistema jurídico argentino y modifica normas que han sido discutidas y liberadas y debatidas por la sociedad y por el Congreso durante mucho tiempo. La base de la democracia es la deliberación que se da en un Congreso, con fuerzas antagónicas, en búsqueda de consenso”.

Para el caso, borra de un plumazo aspectos de la Ley de Medios, una normativa que llevó casi tres años y que fue debatida y consensuada a lo largo y ancho de la Nación.

Una autoridad reconocida del Derecho, como lo es el constitucionalista Daniel Sabsay – quien afirmó que votó a Milei para presidente- dijo: “Si aceptamos el argumento de que cualquier presidente puede por decreto dejar sin efecto la mitad del ordenamiento jurídico, cuando venga otro presidente va a hacer lo mismo y nunca vamos a tener República” y agregó que "El decreto de Milei me sorprendió porque es inconstitucional en su forma, aunque concuerdo en gran parte con su contenido. En Derecho Constitucional y en un Estado de Derecho, la forma es fundamental".

Por lo pronto, Milei no envía el DNU al Congreso para su tratamiento -más allá de que se forme una Comisión Bicameral de análisis-, aunque sí lo convoca a Sesiones Extraordinarias, lo que implica que debemos soportar al menos por tres meses las consecuencias de la precarización laboral y la baja de derechos fundamentales, en nombre de una supuesta “libertad” avalada por el Pueblo en las urnas. “La libertad de hacer lo que yo diga”, estará pensando el presidente.

Milei lo aplica, además, de una manera extorsiva respecto de los legisladores que representan a las provincias y a sus pueblos, ya que amenaza con dejar de enviar el dinero que éstas necesitan -sobre todo las que, como Salta, están históricamente postergadas- si no se lo aprueban.

En ello, la inefable arbitrariedad de algunos argentinos, que buscan excusas y argumentos para no sentirse decepcionados por su voto al libertario. Surge una pregunta: ¿Qué pasaba si Alberto Fernández o Cristina hacían un DNU modificando o aboliendo de prepo más de 300 leyes? Y otra: ¿Es el odio y el hartazgo lo que nos mueve, a cualquier costo?

Ya comenzó a verse la respuesta social, lo que es un hecho inédito en una presidencia que recién se inicia. Se ha anulado el período de gracia, de la mano del aumento desmedido de precios, del anuncio de más medidas económicas perjudiciales para la gran mayoría de los asalariados y personas de menores ingresos y de un preanuncio represivo que promete palos a los disidentes que manifiesten su disconformidad.

Porque si Plaza de Mayo se llena de gente que apoye las medidas, aunque interrumpan el tránsito, dudo mucho que las repriman.

Si algo no necesita una democracia, es un autócrata. Y si algo necesita un autócrata, son palos disponibles para disciplinar a los que no están dispuestos a que haga lo que se le venga en gana.

Y para eso está Patricia Bullrich, que no habla lindo, pero pega fuerte.