Comienza a verse en las góndolas de los supermercados la aplicación de la Ley Nº 27.642 denominada popularmente “de etiquetado”. Los productos con agregados en grandes cantidades de azúcar, sodio, grasas, deberán llevar advertencias sobre ello en el envase.

Por Pablo Borla

Cumplidos los plazos de las prórrogas que se solicitaron, los argentinos deberían tener a su alcance un alarde de sinceridad de los contenidos denominados desaconsejables -por no decir “perjudiciales para la salud”-, con lo cual ya comienza siendo cuestionable.

Empezó a ser obligatorio desde el 20 de agosto del 2022 para las grandes empresas y desde mañana, para las pequeñas y medianas empresas.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, reza la también encomillable sabiduría popular. Los fabricantes no tienen la obligación de poner la fecha de elaboración en el producto, solamente la de vencimiento, por lo cual no se puede constatar si la empresa está incumpliendo, al no poder comprobar si está producido antes o después de la fecha de entrada en vigor de la Ley.

Es complicado para las ventas que el consumidor se entere de verdad acerca de lo que está comiendo. O de lo que está votando.

No existe ni existirá una Ley de Etiquetado para la actividad política.

Es imposible saber cuál es el contenido real de las plataformas, de las manifestaciones periodísticas, de barricada o de redes sociales.

Tenemos figuras relevantes de la actividad política que pretenden acceder a poderes que les van a dar capacidad de provocarnos situaciones tan perjudiciales como la acumulación de grasas en las arterias, el sobrepeso o la malnutrición.

Ningún político se presenta ante las cámaras con una etiqueta, grande, en negro con letras blancas, que diga “Bajo en sensibilidad social”, “Potencial megaendeudador del País” o “Desilusionador de masas”.

No veremos octógonos que digan “Guarda que hace negocios incompatibles”; “Ojo que no entiende un pito de gestión”; “Araca que nunca concurre a las sesiones del Congreso”. “Fijate bien que te va a dejar sin jubilación”.

Sobre todo, en tiempos de campaña, se ofrece al consumo de la población productos que parecen una novedad; ayunos de pasados tormentosos; libres de pecado. Dirigentes y funcionarios que jamás nos endeudaron en dólares y que pusieron a disposición de la timba bursátil los restos fósiles de un dinero que sobró del empleo para negocios con familiares, allegados, testaferros y/o amantes.

Este etiquetado frontal de la política debería venir de la mano de la independencia de los Poderes, de la actividad de la prensa, de la memoria de la ciudadanía. Pero parece que no.

Porque si fuera por ello, alguien como Domingo Cavallo tendría su rostro cubierto de etiquetas de alerta, dada su trayectoria. Y así, quienes bajaron el sueldo a los estatales y jubilados en épocas de crisis, mientras favorecían a los bancos y a ciertas minorías. O a los que se enriquecieron demasiado pronto cuando tuvieron el poder en sus manos.

La falta de memoria para recordar a quienes nos perjudicaron -por lo menos a la gran mayoría de los argentinos- es un discontinuo de la historia y la verdadera ruptura generacional.

Pero esa es otra historia, que contaremos en otra ocasión, con la etiqueta de “No apto para sensibles”.