Cristian Aimo

En la Argentina tenemos una rara y peligrosa costumbre, nos olvidarnos de los responsables y volvemos a confiarles el timón del barco, aunque ya nos hayan hecho naufragar. Cambian los discursos, las consignas, pero cuando uno mira los nombres y repasa las consecuencias, descubre que hay cosas que nunca cambian.

En el año 2018, Luis Caputo y Santiago Bausili estuvieron en el centro de un endeudamiento monumental con el Fondo Monetario Internacional. Hoy vuelven a ocupar lugares decisivos en la economía argentina, mientras las reservas del país se meten en operaciones financieras cuyo costo y cuyos riesgos merecen, como mínimo, una explicación seria.

El acuerdo con el FMI de 2018 fue presentado como el camino para recuperar la confianza, estabilizar la economía y volver al crecimiento. Nada de eso ocurrió. El propio Fondo reconoció en su evaluación posterior que el programa no consiguió sus objetivos. Los dólares entraron, pero no alcanzaron para poner de pie al país. En cambio, buena parte de esos recursos sirvió para sostener la salida de capitales y las operaciones de quienes habían apostado a ganar dinero rápido con la bicicleta financiera.

Y como suele pasar en la Argentina, los que hicieron el negocio se fueron por una puerta y la sociedad quedó del otro lado, pagando la deuda con inflación, ajuste, pérdida de ingresos y menos margen para decidir su propio futuro.

La Justicia federal podrá cerrar una causa invocando que se trata de decisiones políticas que no le corresponde revisar penalmente. Pero una cosa es que no se pruebe un delito y otra muy distinta es que una gestión haya sido buena para el país. La responsabilidad penal tiene sus reglas, y está bien que así sea. La responsabilidad política, en cambio, no desaparece porque un expediente se archive. Tampoco se borran las consecuencias de una decisión económica porque alguien encuentre una fórmula jurídica para darla por terminada.

Lo preocupante es que ahora los mismos nombres aparecen vinculados a otra discusión que compromete el patrimonio nacional: el uso de las reservas de oro del Banco Central en operaciones financieras.

El informe de la Auditoría General de la Nación puso bajo la lupa operaciones con derivados, coberturas y acuerdos de recompra, conocidas como repos, vinculadas a los lingotes de oro que el Gobierno trasladó al exterior sin dar, desde el comienzo, toda la información que la sociedad tenía derecho a conocer. Según los datos que se atribuyen a esa auditoría, el resultado habría sido una pérdida superior a los 1.023 millones de dólares en divisas.

No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del oro de todos los argentinos, de un activo que forma parte de las reservas del país y que, en un escenario de incertidumbre, debería administrarse con una prudencia que no admite improvisaciones.

Hay una cuestión que vuelve todavía más difícil de entender esta estrategia. Mientras el precio internacional del oro subía, el país podía beneficiarse de esa revalorización con solo conservar los lingotes. Sin embargo, se optó por asumir riesgos mediante contratos financieros. El resultado, según el cuestionamiento de la AGN, fue desfavorable. Y cuando una apuesta sale mal con el patrimonio público, la pérdida no la absorbe el funcionario que tomó la decisión, como siempre la soportamos todos.

A esto se suma el hermetismo sobre el traslado, las dudas acerca del destino de los lingotes y los riesgos que puede implicar mantener activos nacionales bajo jurisdicciones extranjeras. No hace falta afirmar que hubo una maniobra ilegal para entender que semejante operación exige transparencia. Cuanto más valioso es el patrimonio comprometido, mayor debe ser la obligación de explicar qué se hizo, por qué se hizo y quién asume las consecuencias si sale mal.

Acá aparece el verdadero problema. En 2018 fueron los dólares del FMI. Ahora, el oro. Cambian los instrumentos, pero vuelve a asomar una misma lógica, poner los recursos del país al servicio de una estrategia financiera que promete tranquilidad inmediata y deja demasiadas preguntas para el día después.

Y hay algo que no deberíamos aceptar como normal: que la economía argentina viva buscando garantías para conseguir dólares, mientras compromete una y otra vez los bienes que necesita para sostener su autonomía. Primero nos endeudamos para recuperar la confianza de los mercados. Después arriesgamos reservas para conseguir liquidez. Mientras tanto, se les pide paciencia a los jubilados, sacrificio a los trabajadores y comprensión a quienes ven cómo cada mes alcanza para un poco menos.

Un país no se vuelve serio porque ajusta, se endeuda o exhibe reservas como garantía. Se vuelve serio cuando administra bien sus recursos, produce, genera trabajo y puede tomar decisiones sin depender permanentemente del próximo salvataje financiero.

La experiencia argentina debería habernos enseñado algo. Cuando la fiesta termina, los invitados importantes suelen encontrar la salida. Los que se quedan a juntar los platos son los de siempre: el trabajador que perdió poder adquisitivo, el comerciante que bajó la persiana, el jubilado que elige qué remedio comprar y el joven que empieza a creer que su futuro está en otra parte.

Por eso, el problema no es solamente una cifra ni una operación con oro. Es la facilidad con la que volvemos a poner el destino del país en manos de quienes ya tuvieron su oportunidad y dejaron una deuda que todavía estamos pagando.

Podrán cambiar el relato, hablar de libertad, de eficiencia o de una nueva Argentina. Pero ningún discurso convierte un fracaso anterior en un mérito, ni transforma el riesgo con el patrimonio público en una hazaña.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántas veces más vamos a pagar por los errores de los mismos?

Porque una cosa es equivocarse al gobernar. Otra es volver a entregarles las llaves de la casa a quienes ya nos dejaron la hipoteca, y descubrir, unos años después, que también pusieron el oro en garantía.

Y después nos piden que confiemos.