Franco Hessling Herrera

Frente a la falta de hechos a los que aferrarse para fundamentar el acierto del rumbo del gobierno, Milei y sus huestes se afirman cada vez más en su costado esotérico y en un misticismo que descansa en las intercesiones entre el presidente y sus perros clonados.

Un largo período ha transcurrido desde que le fueron otorgadas facultades delegadas al Poder Ejecutivo de la Nación con la anuencia, por mayoría, del Congreso de la Nación.

Desde entonces, y tal como ha reseñado el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, se ha iniciado el uso de esas facultades con el cierre del INADI y se ha concluido con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dejando en el medio un tendal de ruindades que la retórica del gobierno se ocupó de subrayar como caminos de eficiencia, y que incluyen sólo en el sector público alrededor de 50 mil personas despedidas, precios de medicamentos exorbitantes por retiro de intervención pública, áreas del estado dadas de baja en materia oncológica, privatización de servicios de salud y de atención para la discapacidad y sentar las bases para desguazar también el INTA y el INTI, entre muchas otras cosas.

Con una dialéctica de guerra, denostación, humillación y agravios, que incluyó llamar ratas a los legisladores, la fuerza libertaria consiguió lo que ningún otro gobierno que no haya sido peronista había conseguido hasta ahora desde el regreso de la democracia, en 1983. La gobernabilidad robusta que le permitió contar con esas facultades delegadas contó con el apoyo de un Congreso que aprobó prácticamente todo lo trascendental para el Gobierno nacional, un Poder Judicial que evitó inmiscuirse en decisiones abiertamente anticonstitucionales -como designar a una hermana en el poder ejecutivo, ejercer actos de inteligencia interna o difundir por canales oficiales información falsa como un video que hizo circular Patricia Bullrich-, por un arco mediático que aceptó con más o menos ganas que tras la experiencia de Alberto Fernández el cambio de timón era lógico y aceptable, y por gobernadores provinciales que se inclinaron por lo mendicante antes que por ejercer de contrapeso democrático.

Ese nivel de gobernabilidad, LLA lo consiguió prácticamente sin legisladores propios, sin haber designado jueces, sin gobernadores con su signo político ni editores expresamente libertarios. Además, dándose el lujo de tener un presidente y aplaudidores abocados a despotricar contra todos esos sectores con imprecaciones nada elegantes, calumniando sin pruebas a cuanta voz disidente se interpuso y anticipando que usarían el Gobierno para destruir el Estado -que no es propiedad de ningún partido ni facción en particular- y que encararían el mayor ajuste de la historia. Todos estaban avisados y aún así votaron, cedieron, callaron y evitaron causar incomodidades como machacar con el caso del todavía desaparecido Loan, con las coimas que habría recibido el exsenador Edgardo Kuieder, con el diputado libertario condenado por pedofilia, con la criptoestafa Libra promovida por el mismísimo presidente Milei o con la azafata relacionada con Santiago Caputo que dejaron entrar con 10 valijas sin control aduanero.

La legitimidad legal para conquistar esos “superpoderes” de monarca la dio el Congreso de la Nación aprobando el proyecto reducido de Ley Bases en el que la administración libertaria no cedió sus facultades delegadas. Los gobernadores dialoguistas, esperanzados de recibir migajas en carácter de extorsión dispusieron a sus legisladores, igual que la gran mayoría de la UCR con Rodrigo De Loredo como máximo exponente, el bloque completo del PRO y algún que otro peronista que quiso demostrar su propio odio hacia el tejido social incluso antes de recibir cualquier instrucción de su gobierno provincial, como el caso de Juan Carlos Romero. Éste tenía la esperanza de renovar su banca en octubre próximo como senador nacional por Salta con el sello de LLA, sin embargo, seducido y abandonado, en los últimos días se supo que ese honor lo tendrá un genio del ridículo, el Alfredo Olmedo que hace reír pero sin quererlo.

La legitimidad social para esa gobernabilidad y esas facultades delegadas de autócrata, en cambio, estuvo dada fundamentalmente por las cuentas macroeconómicas que el gobierno nacional rápidamente moderó: la inflación a la baja, el dólar contenido y el superávit fiscal. De todos modos, esos índices vienen causando más preocupaciones que motivos para ufanarse. De lo último que se puede jactar LLA es de haber cumplido con levantar el cepo a la compra de dólares, aunque en realidad es una verdad a medias porque las empresas no pueden comprarlos y porque la flotación por bandas fue una imposición del FMI para ofrecerle mayor liquidez en divisas al gobierno, no una decisión que hubiera tomado el propio equipo económico argentino.

Precisamente porque las novedades económicas hace meses que no son del todo buenas es que en estas semanas se ha revelado con mayor fuerza el costado mesiánico y esotérico de Milei y quienes lo rodean. Su más reciente intervención ante las masas no fue un acto político convocante, para nada se trató de un debate o una inauguración de alguna obra pública o de beneficencia: fue ante una multitud fedataria de una iglesia evangelista en Chaco, templo que se montó con un supuesto “milagro” que ofrece muchas sospechas de lavado de dinero.

Nota al margen: intercesores eran los de antes, que cuando tenían delirios mesiánicos se planteaban como interlocutores de Dios o de la Virgen, como María Livia en Salta. Ahora, en cambio, el misticismo es para hablar con canes derivados de injertos genéticos o con una entelequia uniforme llamada “el uno”. Mis más sentidas disculpas, María Livia.

La inflación no se erradicó, ni siquiera se aplanó, con más de un año en el gobierno de Milei la interanual “vuela” por encima del 40%, todavía entre las más altas de Latinoamérica. Para colmo es discutible desde muchos sectores la manera en que se está midiendo, dejando afuera, por ejemplo, las subas en las tarifas de servicios públicos o el precio de ciertos alimentos. El dólar planchado se sostuvo por la INTERVENCIÓN FISCAL favoreciendo al polo agroexportador que liquidó hasta junio más dólares que lo que se había hecho en casi dos décadas. Advirtiendo eso, el JP Morgan sugirió empezar a salir del sistema financiero argentino y el efecto fue inmediato: depreciación del peso y precio del dólar hacia arriba, acercándose al techo de la banda. El superávit fiscal, y acá está el punto, se sostuvo no sólo a costa de un ajuste en asistencia social e inversión estratégica -ciencia, industrias culturales, sistema sanitario, polo industrial, sistema universitario, entre otros- sino también con dinero que habitualmente se destinaba a las administraciones provinciales y con deudas a las empresas energéticas de generación, transporte y distribución. Es un superávit ficticio, más todavía que el dibujo de inflación o que el dólar supuestamente planchado.

Y ese superávit ficticio es el punto central porque últimamente, y esto es político más que económico, los gobernadores que aceptaron sostener esa cuenta a costa de sus propias arcas han manifestado que dejaran de aceptar de buen gusto hacerle ese grueso favor a la hacienda nacional. Ello amenaza con traer prontas consecuencias en el Congreso y, tal vez, en otros ámbitos de la política y la administración. La tensión política de los gobernadores ya tuvo su primer gesto simbólico esta semana cuando le vaciaron la vigilia por el 9 de julio, en la que el año pasado habían asistido 18 mandatarios. Milei tuvo que suspender su presencia en el acto. Empieza a decaer la gobernabilidad porque la casta, que hasta ahora fue una fiel aliada, empieza a mostrar disgustos. ¿Empezará a caer también la legitimidad social cuando los espejismos económicos se derrumben definitivamente?