Arrancó un nuevo modelo de justicia y cambia bastante la forma en que se investigan y juzgan los delitos. Con la reforma, los fiscales pasan a tener un rol central en la investigación y los jueces se enfocan solo en decidir. La idea es hacer procesos más rápidos, orales y transparentes, dejando atrás el sistema más lento y escrito de antes. El nuevo esquema redefine la lógica con la que se investiga y juzga el delito.

Hasta ahora, el modelo tradicional otorgaba al juez un rol central que combinaba funciones de investigación y decisión.

Con la reforma, esa estructura se desarma: el Ministerio Público Fiscal asume el protagonismo en la investigación y la acusación, mientras que el juez queda limitado a su función esencial de juzgar. El objetivo es claro: reforzar la imparcialidad y evitar que quien decide sobre la culpabilidad haya participado previamente en la recolección de pruebas.

El proceso penal se regirá por principios que buscan hacerlo más transparente y dinámico: oralidad, publicidad, contradicción entre las partes, concentración de audiencias y celeridad. En la práctica, esto implica audiencias orales en lugar de expedientes escritos interminables, mayor exposición pública de los actos judiciales y una reducción de los tiempos procesales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es justamente la oralidad plena. Las audiencias serán grabadas y formarán parte de un registro audiovisual que reemplaza, en gran medida, al tradicional expediente en papel. Esta transformación apunta no solo a agilizar los procesos, sino también a hacerlos más accesibles para la ciudadanía, que podrá comprender mejor qué ocurre en cada etapa del juicio.

En paralelo, el nuevo código introduce herramientas de investigación más sofisticadas, como la figura del agente encubierto y los acuerdos de colaboración con imputados, mecanismos que ya funcionan en otros sistemas acusatorios del país y la región. También se establecen plazos máximos para las investigaciones, diferenciados según la complejidad de cada caso, con la intención de evitar dilaciones que históricamente han sido uno de los principales cuestionamientos al sistema judicial.

Otro cambio relevante es la creación de la Oficina Judicial, un órgano administrativo que tendrá a su cargo la organización de audiencias y la gestión de los tiempos procesales. Con esto, se busca liberar a jueces y fiscales de tareas burocráticas para que puedan concentrarse en sus funciones específicas.

La modernización también alcanza al plano tecnológico. La implementación de una plataforma digital unificada permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La denominada “carpeta judicial digital” reemplazará al expediente físico, consolidando un sistema despapelizado que promete mayor rapidez en el acceso a la información y una reducción significativa de los tiempos administrativos.

La puesta en marcha no será uniforme en todo el territorio. La aplicación del nuevo código será progresiva: comenzará en el Distrito Judicial del Centro y luego se extenderá al resto de los distritos del interior provincial. Este esquema escalonado busca evitar colapsos operativos y permitir ajustes sobre la marcha.