La Unidad Fiscal, conformada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, ha elevado un pedido al juez de Garantías Raúl López para la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este trámite se produce tras la inhibición del juez Francisco Oyarzú, quien se retiró de la causa.

Las acusaciones son graves. Se alega que las acciones de los imputados han entorpecido una investigación crucial, permitiendo que el juez otorgará acceso indebido a un expediente a Ortega Serrano, además de comunicar al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía tenía la intención de allanar sus domicilios, lo que frustró dichos operativos.

Además, la Fiscalía ha solicitado autorización a la Corte de Justicia de Salta para realizar allanamientos en la residencia del juez Parisi, con el objetivo de incautar elementos clave que puedan contribuir al avance de la investigación. Este paso es vital, dado que los privilegios constitucionales que protegen al magistrado requieren la intervención de la máxima autoridad judicial.

Las imputaciones contra el juez Parisi incluyen violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento, los pedidos de detención y allanamiento aún no han sido resueltos.

En particular, se sospecha que Parisi, Ortega Serrano y el intendente Martínez intercambiaron información confidencial relacionada con una investigación penal en curso, específicamente en el caso del homicidio del hermano del intendente, César Daniel Martínez. Las maniobras de los imputados habrían frustrado allanamientos cruciales y entorpecido el curso de la investigación.

Un análisis de datos extraídos del celular del intendente reveló conversaciones con Ortega Serrano, donde se compartían informes confidenciales vinculados a la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado. Estas conversaciones incluyen solicitudes de allanamiento que involucraban varias propiedades, incluyendo la del propio intendente.
Durante el trámite del expediente, Parisi solicitó a la Fiscalía la remisión del legajo de investigación, extrajo copias completas y las compartió con Ortega Serrano, quien no tenía relación con el caso. Esta acción obstruyó las medidas solicitadas por la Fiscalía, que incluían el registro del domicilio de Martínez.

Es importante destacar que el secuestro del celular del intendente, del cual se obtuvo información crucial, había sido inicialmente denegado por el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú. Sin embargo, esta decisión fue revocada por el Tribunal de Impugnación gracias a la intervención de la Fiscalía.

Las imputaciones formuladas por la Unidad Fiscal contra Claudio Alejandro Parisi son serias: incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Por su parte, Roberto Ortega Serrano y el intendente Carlos Alfredo Martínez enfrentan acusaciones de ser coautores de entorpecimiento de acto funcional y cómplices en la violación de secretos, habiéndose reunido los elementos de sospecha necesarios para este estadio de la investigación.

Cabe resaltar que debido a los fueros que posee el juez Parisi está protegido y no puede ser detenido si no es separado por un jury de enjuiciamiento.