Por Dario Illanes

Las sospechas de favoritismos por parte del Consejo de la Magistratura devinieron en un escándalo de imprevisibles consecuencias, luego de que cuatro juezas penales de la provincia de Salta presentaron sus renuncias como aspirantes a cubrir un cargo en la Sala IV del Tribunal de Impugnación. Todo cuestionado.

Se aguarda un comunicado del Colegio de Magistrados, supuestamente para expresarse acerca de lo actuado por el Consejo de la Magistratura en la selección de los jueces del Tribunal de Impugnación.

Las inéditas renuncias comenzaron el viernes 19 de noviembre, con la nota enviada por la jueza de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Paola Marocco. Y continuaron ayer con las misivas del mismo tenor enviadas por sus pares María Livia Carabajal, Norma Beatriz Vera y Mónica Alejandra Mukdsi.

Todas las nombradas eran participantes en el Concurso 290, en el cual, paradójicamente, el mejor calificado en el examen escrito es el juez David Miy. De tal modo, se le allanaría el camino para ocupar la vocalía en el cuestionado Tribunal de superior instancia penal.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el juez penal Ignacio Colombo impugnó al Consejo de la Magistratura por las calificaciones a sus exámenes para acceder al Tribunal de Impugnación. Lo que hubiera debido ser un razonable procedimiento académico, derivaron en un cruce de notas y comunicados ajenos, los cuales, en lugar de aclarar las inquietudes de Colombo, alimentaron las sospechas de favoritismos y corrupción.

Ahora, el escándalo salpica a quienes deben impartir justicia. Incluso a la misma Corte de Justicia.

Transparencia oscurecida

El Consejo de la Magistratura es la institución encargada de la transparencia en las designaciones judiciales. La presidencia la ejerce la ministra de la Corte Sandra Cristina Bonari Valdés. Los consejeros son: como representante de magistrados, Guillermo Adriano Polliotto; por el Ministerio Público, Rosanna Alicia Sángari; por la Cámara de Diputados, Socorro Villamayor; y de abogados, Rodrigo Martínez Urquiza.

Esta semana el Consejo de la Magistratura tenía previsto comenzar la última etapa de los concursos, mediante las entrevistas personales. Pero ahora todo está en veremos.

Primero, por los cuestionamientos de Colombo, quien en veinte páginas objetó el criterio de evaluación de su examen. El juez penal es profesor de Derecho Constitucional en las dos universidades salteñas. Y luego, como en un alud, se precipitaron sospechas, críticas, confusos respaldos. Pero indudablemente grave para la salud judicial es que renuncien cuatro juezas ampliamente reconocidas por sus solvencias.

Estar legitimado

Las razones de las magistradas para renunciar a sus legítimas aspiraciones son (mis) “principios éticos y alto compromiso con el valor JUSTICIA”, según firmó María Livia Carabajal.

Por su parte, la jueza Paola Marocco, sostuvo “La dimisión es efectuada toda vez que, de acuerdo a la información brindada por numerosos medios periodísticos locales, en el procedimiento de selección de los postulantes (prueba escrita) se habrían vulnerado los principios "transparencia de funcionamiento" e "igualdad de posibilidades y de género" establecidos en los art. 22 incs. 1 y 5 del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura”.

Agrega Marocco, “no se encontraría debidamente garantizada la transparencia que debe regir en el procedimiento de selección de los jueces, lo que a la postre, resulta violatorio del principio de "igualdad jurídica" instituido en el art.16 de la Constitución Nacional”.

Asimismo considera “la circunstancia de haber tomado conocimiento que algunos postulantes del concurso habrían presentado una nota en "aval" del accionar del Consejo, descalificando como "improcedente todo cuestionamiento, pedido de aclaración de los postulantes", lo que también genera un desequilibrio en relación a aquellos que no hemos procedido de igual forma”.

Paola Marocco concluye la nota de renuncia definiendo: “Lo señalado, a criterio de la Suscripta, resulta atentatorio a la independencia de los jueces y el procedimiento viciado obstruirá que el magistrado que llegue al final del proceso goce de legitimación para ejercer la honrosa tarea de impartir justicia”.