La posible instalación de tiendas Duty Free en pasos fronterizos como Aguas Blancas y Salvador Mazza abrió una discusión que va mucho más allá del comercio. En el norte salteño, donde la economía diaria depende del cruce constante con Bolivia, la propuesta aparece como una oportunidad para algunos y como una medida lejana a la realidad del territorio para otros.

En ese marco, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, analizó el impacto que podría tener este tipo de emprendimientos en una zona donde conviven el comercio informal, el turismo de frontera y un flujo económico intenso pero irregular.

“En principio, como les digo a todos, esta es una herramienta que generó el gobierno nacional para todos los pasos fronterizos terrestres… no es una exclusividad de Aguas Blancas”, explicó Zigarán, al remarcar que el esquema no está pensado solo para el norte salteño, sino para distintos puntos del país.

Según su mirada, el modelo apunta a replicar experiencias de otras fronteras internacionales. “Esto sería como una boutique, digamos, dentro de lo que es la zona… con materiales, tecnología electrónica de primera línea, perfumes, bebidas con alcohol”, detalló, al compararlo con destinos como Iquique o Ciudad del Este.

Sin embargo, el funcionario también puso en duda la lectura uniforme que se hace desde los centros de decisión. “Muchas veces son medidas tomadas desde un escritorio en Buenos Aires, desconociendo la realidad de las fronteras”, advirtió, al plantear que la dinámica local no siempre encaja con el diseño general de este tipo de políticas.

En esa línea, sostuvo que el eventual impacto en el comercio cotidiano sería limitado y segmentado. “Yo creo que de manera secundaria… no es para apagar el comercio de contrabando que hoy existe en Aguas Blancas”, afirmó, diferenciando públicos y tipos de consumo en la región.

La discusión, sin embargo, se cruza con otros problemas estructurales que atraviesan la frontera. Zigarán también se refirió a la situación de inseguridad en las rutas del norte, donde se registraron hechos delictivos en corredores como el tramo entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. “El movimiento en el norte sigue siendo incesante y necesita medidas que debiera tomar el gobierno nacional para organizar justamente este tema”, sostuvo.

A esto se suma el impacto indirecto de la crisis en Bolivia, donde las protestas y bloqueos generan desabastecimiento parcial en algunas zonas de frontera. “Se notan faltantes de ciertas mercaderías, pero no hay un corte total… los abastecedores siguen trabajando”, explicó.

Otro punto sensible del análisis es la relación comercial con Bermejo, marcada por fuertes asimetrías. “Nosotros compramos aproximadamente 1.500 millones de pesos por día a Bermejo y las autoridades de Bermejo no dejan prácticamente que los bolivianos compren a los argentinos”, denunció, al describir un intercambio desigual que, según dijo, afecta directamente a la economía local.

También apareció en la entrevista la falta de reglas claras para el funcionamiento fronterizo. “No hay una regulación en el funcionamiento de chalanas… sería mejor que poner un duty free, digamos, para nosotros”, lanzó, al cuestionar la ausencia de políticas específicas para la región.

En ese contexto, el debate sobre el duty free se amplía hacia temas más profundos: la falta de una legislación federal adaptada a las fronteras del NOA, la necesidad de radarización en la región y el crecimiento de actividades ilegales en corredores estratégicos. “Nuestros legisladores nacionales se duermen un poco, están muy en la centralidad del puerto”, cuestionó.