A la falta de subsidios suficientes para cubrir los costos operativos se suma la imposibilidad de aplicar aumentos significativos en la tarifa, en un contexto donde además el Gobierno provincial sostiene la decisión de no generar despidos dentro del sector.

El esquema actual incluye gratuidades para estudiantes, jubilados y pensionados, personal de seguridad, beneficiarios de programas sociales y personas con discapacidad.

Si bien se trata de un componente social relevante, también implica una mayor carga sobre el financiamiento general del sistema, ya que una parte importante de los pasajeros no aporta ingreso directo por boleto.

En este contexto, la combinación entre menor recaudación, costos crecientes y dependencia de subsidios genera un circuito de tensión permanente entre el Estado y las empresas prestatarias. La situación fue sintetizada días atrás por el gerente general de SAETA, Claudio Jury.

Según estimaciones del sector empresario, al cierre de mayo la deuda acumulada rondaría los 14.000 millones de pesos. De ese total, unos 10.000 millones corresponderían a servicios ya prestados y alrededor de 4.000 millones a expedientes en trámite y adelantos vinculados principalmente al combustible. Desde el ámbito estatal, sin embargo, se manejan cifras menores, lo que refleja diferencias en la interpretación del pasivo.

Más allá de la discusión contable, el punto central es operativo: la continuidad del sistema requiere regularización de fondos en plazos cortos, en un escenario donde las demoras en las transferencias han sido motivo recurrente de conflicto.

En las últimas semanas se intentó encaminar una negociación entre el Ministerio de Economía y las empresas, con la promesa de avanzar en un acuerdo de pago que permitiera evitar medidas de ajuste. Sin embargo, esas conversaciones no lograron sostenerse en el tiempo y finalmente se confirmó la reducción de frecuencias nocturnas, lo que impactó de manera directa en trabajadores y estudiantes que dependen de esos recorridos.

La medida tuvo un efecto inmediato en otros sectores del Estado. El Ministerio de Educación, por ejemplo, modificó horarios de actividades nocturnas para adaptarse a la nueva disponibilidad del transporte, lo que generó cuestionamientos sobre la relación entre políticas educativas y la infraestructura de movilidad.

Uno de los sectores más afectados es el de la educación para adultos. El exconcejal y docente Alberto Salim en diálogo con Punto Uno señaló que la suspensión del servicio nocturno tiene un impacto directo en la continuidad educativa de muchos estudiantes. “Es un cambio que puede ser determinante para que muchos abandonen sus estudios”, advirtió.

En ese sentido planteó que el problema excede la discusión sobre tarifas o deuda, y apunta a la organización del sistema. Desde su perspectiva, la estructura actual presenta ineficiencias que requieren revisión integral. En ese sentido, remarcó que la educación nocturna ha sido históricamente una herramienta clave de movilidad social, permitiendo que miles de personas completen su formación y accedan a mejores oportunidades laborales.

Buscamos que no impacten las medidas

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, informó que aproximadamente 50.000 alumnos se vieron afectados por esta medida, entre ellos jóvenes y adultos que concurren a clases en el área metropolitana.

Terciarios, secundario vespertino y técnicas son algunas de las modalidades que tuvieron que cambiar la forma de estudio para adaptarse a un nuevo horario, finalizando ahora a las 21hs. las clases, cuando antes lo hacían entre las 23 y las 23:45 hs. 

Fiore comentó que estas dos horas de estudio se abordarán a través de la virtualidad y trabajos con distintos módulos: “Se está trabajando para que no pierdan clases, van a tener educación virtual y cuadernillos y clases de apoyo”.

“Estamos tratando de hacer que las disposiciones impacten lo menos posible a los estudiantes, ojalá estas medidas no duren mucho tiempo y que sea solamente provisorio y de muy poco tiempo”.

Consultada por la sentada que harían estudiantes terciarios de la ex Escuela Normal por la medida de suspensión del servicio nocturno de transporte, dijo: “Yo no soy muy amiga de ese tipo de manifestaciones, las entiendo, pero desde Educación hacemos todo lo posible para que medidas de esta naturaleza generadas por la situación económicamente complicada que estamos viviendo, impacten lo menos posible a nuestros estudiantes”.

Incumplimiento de Nación

El vicegobernador, Antonio Marocco aseguró que existe un incumplimiento en los aportes que deberían llegar al interior del país. “Son aportes de la ley de Combustibles los que no llegan. Es el incumplimiento de una ley lo que marca la situación que viven las provincias que no tienen el aporte que sí recibe el AMBA”, concluyó.

Siguiendo esa línea señaló que el gobierno que la provincia continúa aportando recursos para garantizar el funcionamiento del sistema. “La Provincia está haciendo esfuerzos por mantener el transporte público, tanto con sus aportes como con sus posibilidades”, expresó.

El vicegobernador reconoció que la situación financiera es compleja y que las respuestas dependerán de la disponibilidad de recursos. “Iremos dando respuestas en la medida en que vayamos teniendo recursos para afrontar eso. El que está sosteniendo el sistema es el trabajador”, afirmó.

Asimismo, señaló que Salta continúa reclamando mayores fondos nacionales para el transporte y recordó que la problemática afecta a gran parte de las provincias argentinas. “Los recursos son escasos. Lo hemos advertido en todos los foros que compartimos con Nación”, indicó.