David Pizarro Romero, especialista en Atlántico Sur y Antártida, en una entrevista con Punto Uno explicó por qué Argentina recurrió por primera vez a un arbitraje internacional para intentar frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. Qué se reclama, cuáles son los argumentos del país y qué puede resolver el tribunal.

¿Qué está reclamando Argentina ante el Tribunal del Mar?
- Argentina solicitó un arbitraje para intentar frenar la explotación de petróleo en el norte de las Islas Malvinas, en el proyecto Sea Lion, que llevan adelante la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum. Es un hecho histórico porque es la primera vez que el país recurre a un arbitraje internacional por una cuestión de estas características vinculada con Malvinas. Hay algo fundamental que debe quedar claro: Argentina no está sometiendo la soberanía de las islas a discusión ante el Tribunal. Lo que cuestiona es la capacidad del Reino Unido para avanzar con una explotación petrolera sin autorización argentina.

¿Cuáles son los argumentos argentinos?
- Hay tres argumentos centrales. El primero es la urgencia. Aunque los británicos sostienen que la extracción comenzaría en marzo de 2028, los trabajos de excavación arrancarían en marzo de 2027. Si el arbitraje demora uno o dos años, el petróleo podría comenzar a extraerse antes de que exista una resolución definitiva. Y hay un problema: es un recurso no renovable. Si Argentina obtiene un fallo favorable después de que el petróleo fue extraído, no hay manera de recuperarlo. El segundo argumento es ambiental. Argentina advierte que, ante un derrame, el petróleo podría llegar en unos 30 días a aguas territoriales argentinas que no están en disputa. El tercero es la actuación unilateral británica. El país sostiene que el Reino Unido viola la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, de 1976, que insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras continúe la disputa.

¿Qué puede resolver el Tribunal del Mar?
- Hay cuatro escenarios posibles. El primero, y el más favorable para Argentina, es que el Tribunal se declare competente y adopte una decisión favorable que permita frenar la explotación petrolera. El segundo es una resolución intermedia: que permita continuar con el proyecto, pero exija mayores estudios ambientales o mecanismos de cooperación entre los países. El tercero es que se declare incompetente porque considere que el planteo está relacionado con una disputa de soberanía. Eso sería una derrota jurídica, aunque también podría representar un reconocimiento de que existe una controversia sobre las islas, algo que podría desalentar a los inversores. El cuarto escenario sería que se declare competente y falle a favor del Reino Unido. Para mí, es el peor resultado posible, aunque no creo que ocurra. Personalmente, considero que vamos a tener una resolución intermedia.

¿Qué busca concretamente Argentina con esta presentación?
- El objetivo principal es frenar o demorar todo lo posible la explotación petrolera. También busca desalentar a los inversores para que no se involucren en un proyecto que se desarrolla en una zona cuya soberanía está en disputa.
Incluso una medida cautelar temporal puede tener un efecto importante. Las decisiones del Tribunal son vinculantes, aunque después depende de los Estados cumplirlas. Si el Reino Unido desobedeciera una resolución, su posición diplomática internacional quedaría debilitada.

¿Qué otras medidas puede tomar Argentina para impedir la explotación?
- Lo primero es endurecer las sanciones contra las empresas que participen de la explotación no autorizada de recursos en Malvinas. Argentina ya tiene legislación para sancionarlas. De hecho, hubo empresas sancionadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero las multas eran demasiado bajas. Este Gobierno anunció que iba a endurecer las penas después de la cadena nacional de Javier Milei del 3 de septiembre, pero todavía no lo está haciendo. También hace falta una política diplomática regional más activa. Hay empresas de otros países que participan o prestan servicios vinculados con las islas. Argentina debería trabajar con sus vecinos para establecer criterios comunes y evitar que se facilite el abastecimiento de las actividades británicas.

¿Argentina tiene una política sostenida sobre Malvinas?
- Ese es uno de los problemas más grandes. Argentina no tiene una política estable respecto de Malvinas y esto no es responsabilidad exclusiva de un gobierno. No existe continuidad en las decisiones ni un acuerdo diplomático sostenido con los países vecinos. Muchas veces se actúa según la relación ideológica o política que se tenga con cada gobierno. Si me llevo bien con un país, le permito un poco más; si me llevo mal, confronto discursivamente. Pero no hay una planificación firme. Argentina debería establecer una política clara y sostenida en el tiempo. No podemos pedirles a los países vecinos que acompañen nuestro reclamo si nosotros mismos no mantenemos una posición consistente.

¿Fue acertado recurrir al Tribunal del Mar?
- Sí, para mí es correcto. Argentina venía sin hacer nada desde hace mucho tiempo frente al avance británico sobre el petróleo.
Los británicos quieren explotar esos recursos desde hace más de 30 años y durante los últimos tiempos avanzaron bastante. Esta es la primera vez que Argentina elige la vía de los tribunales internacionales para enfrentar esa situación.
Hay antecedentes, como el caso de las islas Chagos, en el que Mauricio recurrió a instancias internacionales y obtuvo una decisión favorable frente al Reino Unido. Lo importante es que Argentina dejó en claro que no está poniendo en discusión la soberanía. Está cuestionando la capacidad británica de explotar petróleo unilateralmente en esa zona.

¿Cuándo podría conocerse una resolución?
- El arbitraje de fondo va a demorar años. Sin embargo, la medida cautelar podría conocerse en dos o tres semanas.
Hay un antecedente que permite tomar como referencia el tiempo de resolución: en 2013, el Tribunal del Mar intervino por la retención de la Fragata Libertad en Ghana y ordenó su devolución. Aquella decisión demoró aproximadamente tres semanas.
Por eso considero que antes de fin de año podríamos tener novedades.

¿Qué importancia tuvo el equipo jurídico que presentó Argentina?
- Argentina presentó un equipo de juristas de primer nivel, con especialistas reconocidos internacionalmente. Entre ellos hay tres abogados argentinos graduados de universidades públicas: dos de la Universidad Nacional de Rosario y uno de la Universidad Nacional de La Plata. Esto también deja una contradicción sobre la mesa: el Gobierno utiliza a los mejores exponentes del derecho argentino para defender los intereses del país en el exterior, mientras puertas adentro desfinancia a las universidades públicas.