La provincia recauda únicamente tres impuestos provinciales y aplica un esquema de incentivos fiscales que reduce la presión tributaria sobre sectores estratégicos como la minería, el agro, la industria y el turismo. El objetivo es mejorar la competitividad, atraer inversiones y estimular la generación de empleo.

En un contexto en el que la presión impositiva constituye uno de los principales factores que evalúan las empresas al momento de definir nuevas inversiones, Salta profundiza una estrategia de simplificación tributaria que la diferencia dentro del escenario argentino.

La provincia mantiene un esquema integrado por solo tres impuestos provinciales y complementa esa estructura con exenciones, alícuotas reducidas y medidas de desburocratización orientadas a fortalecer la actividad privada.

La estructura tributaria salteña se limita al Impuesto a las Actividades Económicas (Ingresos Brutos), el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario Rural. A diferencia de otras jurisdicciones, el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Impuesto Automotor son administrados y percibidos por los municipios, lo que reduce la carga tributaria directa bajo la órbita provincial.

El principal recurso propio continúa siendo el Impuesto a las Actividades Económicas, cuya recaudación financia servicios esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y obra pública. Sin embargo, la política fiscal provincial incorpora un esquema de alícuotas diferenciales diseñado para preservar la competitividad de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

En ese marco, la producción agropecuaria y la actividad minera tributan una alícuota del 0% en Ingresos Brutos, mientras que la industria abona el 1,5%, uno de los porcentajes más bajos del país. A su vez, las agencias de turismo recuperaron la exención del tributo y actualmente también operan con una alícuota del 0%, en línea con la política de fortalecimiento de una actividad que representa uno de los principales motores de la economía provincial.

La estrategia fiscal se profundizó durante el último año con una serie de medidas destinadas a disminuir la presión impositiva sobre el sector privado. Entre ellas sobresale la reducción del 20% en la alícuota de Ingresos Brutos para el 95% de los comerciantes, beneficio que también alcanzó a los sectores hotelero y gastronómico.

Asimismo, quienes inician una actividad económica —tanto monotributistas como responsables inscriptos— cuentan con una exención total durante los primeros doce meses de funcionamiento, una herramienta que busca facilitar el nacimiento y la consolidación de nuevos emprendimientos.

La política tributaria también incorpora un fuerte componente de modernización administrativa. En ese sentido, el Gobierno provincial eliminó 28 tasas asociadas a distintos trámites administrativos y suprimió seis impuestos que habían perdido relevancia recaudatoria, simplificando el Código Fiscal y reduciendo costos operativos para ciudadanos y empresas.

Desde una perspectiva económica, la combinación entre menor presión tributaria, incentivos sectoriales y simplificación normativa constituye uno de los principales argumentos con los que Salta procura consolidarse como un destino competitivo para nuevas inversiones. La minería del litio, el desarrollo agroindustrial, la industria, el turismo y los servicios aparecen entre las actividades con mayores perspectivas de expansión bajo este esquema.