Un nuevo capítulo que suma tensión entre Lula da Silva y Javier Milei, se dio en las últimas horas: el gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de la Argentina en Venezuela. La Cancillería argentina fue informada de esa decisión por la diplomacia brasileña y buscó un reemplazo en Italia, que ahora se hará cargo de esa delegación ante Caracas.
La determinación de no continuar gestionando la agenda argentina ante el régimen chavista fue tomada por el mandatario brasileño a partir del malestar que le generó una reciente publicación del presidente argentino sobre la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos.
El mensaje fue difundido el sábado, en medio de un escenario regional ya atravesado por tensiones diplomáticas.
Ese mismo día, la cuenta del Presidente reproducía un video de su discurso en la última reunión de presidentes del Mercosur. Allí él había respaldado la presión militar norteamericana sobre Venezuela. Cada frase de Milei estuvo intercalada con una imagen de Lula, como si fuera un mensaje dirigido a un único destinatario. Sin embargo, lo que causó el enojo brasileño es que el post terminaba con una imagen de Lula y Maduro abrazados.
Lo que terminó de irritar al mandatario brasileño no fue el contenido del mensaje, sino el montaje del clip, que intercalaba sus frases con imágenes de Lula -como si fuera el destinatario- y cerraba con una fotografía del líder del PT abrazado a Maduro.
En ese marco, la diplomacia brasileña resolvió desentenderse de la representación de los intereses argentinos en Caracas, dejando expuesto el deterioro del vínculo bilateral entre ambos países.
La representación
Brasil había asumido esa función como un gesto político de Lula da Silva para recomponer el diálogo con Milei, luego de que el Gobierno argentino desconociera la presunta victoria de Maduro en las elecciones de 2024.
A raíz de ese conflicto, Venezuela expulsó a los diplomáticos argentinos y, el 1° de agosto, Brasil se hizo cargo formalmente de la representación, con el aval inicial del régimen chavista. Sin embargo, en septiembre Caracas intentó revocar ese permiso al denunciar supuestas actividades contra funcionarios del gobierno venezolano dentro de la sede diplomática.
