Los ministros de Economía de las provincias harán un nuevo intento por llegar a un acuerdo con la Casa Rosada para equilibrar el reparto de fondos, en un encuentro que mantendrán hoy con Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación.

Los gobernadores de los 24 jurisdicciones nacionales enviarán este martes a sus ministros de Economía a reunirse con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de la Nación y delegado de Luis "Toto" Caputo en las negociaciones con las provincias. El encuentro será en la sede del CFI en la Ciudad de Buenos Aires para intentar llegar a un acuerdo con la Casa Rosada antes de presentar en el Congreso un proyecto de ley propio para equilibrar el reparto de fondos del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

Mientras los gobernadores de todos los signos políticos, desde peronistas, radicales, PRO y partidos provinciales, avanzan en la redacción de un proyecto de ley conjunto para la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos "para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina".

De acuerdo al documento que difundieron con la firma de todos los mandatarios la semana pasada tras reunirse en el CFI, desde Jorge Macri (PRO) pasando por Axel Kicillof (UP), Rogelio Frigerio e Ignacio Torres (PRO), Martin Llaryora (PJ) y Maximiliano Pullario (UCR), entre otros, también incluirán en el proyecto de ley que el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria", teniendo en cuenta el "marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno nacional como de las provincias".

La reunión, que se desarrollará en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), será el escenario donde se pulse el grado de tensión entre los gobiernos provinciales y la administración de Javier Milei por el manejo y distribución de los recursos.

La cita llega en un momento de creciente presión de los gobernadores, quienes ya acordaron impulsar en conjunto un proyecto de ley para modificar el esquema actual de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El objetivo de la iniciativa es claro: reemplazar los fondos fiduciarios existentes por un sistema más transparente y alineado con los coeficientes de coparticipación vigentes, tanto en su reparto primario como secundario.

Los mandatarios provinciales, más allá de sus signos políticos, coinciden en la urgencia de reasignar los recursos que hoy están atados a fondos discrecionales, y sostienen que la actual configuración beneficia de manera desproporcionada al gobierno central. En el texto que firmaron en la reunión pasada del CFI, advierten sobre la necesidad de que tanto Nación como provincias puedan administrar los recursos con autonomía, en un contexto de ajuste y caída del consumo.

El reclamo también está vinculado a la baja en la recaudación, producto del freno económico. Los ministros argumentarán que esta merma impacta de forma directa en tributos clave como el IVA y en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, debilitando aún más la capacidad financiera de las administraciones locales.

Durante el encuentro, se intentará convencer al gobierno nacional de que es posible lograr un esquema de financiamiento que no atente contra el equilibrio fiscal, pero que al mismo tiempo permita sostener los servicios esenciales que prestan las provincias. No será una negociación sencilla: la Casa Rosada, con Milei a la cabeza, ha sido tajante en su plan de reducción del gasto público.

La tensión entre Nación y provincias viene escalando desde comienzos del año, y se expresa también en los cambios que propone el oficialismo mediante el “Consejo de Mayo”, que busca redefinir las relaciones fiscales entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya mantuvo contactos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para exponer la postura de las provincias patagónicas.

El resultado de esta reunión podría marcar un punto de inflexión en el vínculo entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores, quienes hasta ahora han transitado entre la negociación y la confrontación abierta. Si no hay respuestas satisfactorias, el proyecto de ley provincial será presentado en el Congreso con el respaldo de una mayoría transversal.